Tiempo atrás escribí un artículo sobre economía del comportamiento en el que proponía la aplicación de políticas públicas orientadas a reducir el consumo energético en Bolivia y, al mismo tiempo, dinamizar la economía de manera indirecta.
Para que una política de este tipo tenga un impacto significativo, no siempre se requieren grandes recursos fiscales. En muchos casos basta con un marco normativo adecuado que establezca derechos, obligaciones e incentivos claros para los actores involucrados. Esa es, precisamente, una de las funciones esenciales de las políticas públicas: orientar el comportamiento social y económico hacia objetivos de interés colectivo.
En otras palabras, gobernar implica diseñar estrategias de largo plazo y traducirlas en normas e instituciones capaces de modificar los incentivos existentes. En el ejemplo mencionado, el objetivo consistía en reducir el consumo de hidrocarburos mediante una medida aparentemente sencilla: la implementación del horario continuo a nivel nacional.
Esta decisión podría disminuir los desplazamientos durante las horas de mayor congestión, reducir el consumo de combustibles y generar ahorros energéticos tanto en el sector público como en el privado. Dado que una parte importante de la generación eléctrica boliviana depende del gas natural, una reducción en la demanda de electricidad también contribuiría indirectamente a disminuir el consumo de hidrocarburos. Naturalmente, el impacto real debería ser validado mediante estudios técnicos y evaluaciones de política pública.
Desde una perspectiva económica, el horario continuo también podría incrementar el tiempo disponible para actividades recreativas, culturales, deportivas, educativas y comerciales, estimulando el consumo de bienes y servicios y generando un efecto dinamizador sobre la economía.
Este ejemplo demuestra que una política pública bien diseñada puede producir beneficios relevantes sin exigir un elevado gasto estatal. Su propósito es ilustrar el alcance que puede tener una decisión regulatoria cuando responde a una planificación estratégica.
Esta reflexión resulta especialmente pertinente frente a los incendios forestales que Bolivia enfrenta de manera recurrente. Más allá de las emergencias coyunturales, conviene analizar los incentivos institucionales que han contribuido a este problema.
Durante más de dos décadas se promovieron políticas vinculadas a la ampliación de la frontera agrícola como parte de estrategias de desarrollo rural y de acuerdos políticos con distintos sectores sociales. En ese contexto se aprobaron normas que regulan el uso del fuego y los desmontes para actividades agropecuarias, las cuales han sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas.
Entre ellas destacan la Ley Nº 741 (2015), el Decreto Supremo Nº 3973 (2019) y la Ley Nº 1171 (2019). Sus críticos sostienen que estas disposiciones generan incentivos que favorecen la expansión agrícola y aumentan el riesgo de incendios forestales. Al mismo tiempo, sus defensores argumentan que responden a necesidades productivas y de seguridad alimentaria. Este debate exige un análisis técnico, más allá de las posiciones ideológicas.
Surgen entonces preguntas legítimas: ¿por qué estas normas continúan vigentes? ¿Responden únicamente a las demandas de pequeños productores o también reflejan intereses de grandes actores del agronegocio? Estas interrogantes merecen ser discutidas con evidencia y transparencia.
Un debate similar se observa en Brasil, donde las políticas relacionadas con la Amazonía han generado tensiones entre los objetivos de protección ambiental y los intereses del sector agropecuario. Esta aparente contradicción evidencia la dificultad de conciliar crecimiento económico, producción agrícola y sostenibilidad ambiental.
En el caso boliviano, resulta razonable sostener que prevenir suele ser menos costoso que remediar. Fortalecer la normativa preventiva, revisar aquellas disposiciones que puedan generar incentivos contraproducentes y mejorar los mecanismos de control probablemente representen una estrategia más eficiente que concentrar los esfuerzos únicamente en la atención de las emergencias.
En definitiva, el arte de gobernar consiste en construir instituciones y marcos jurídicos capaces de orientar el desarrollo de un país con visión de largo plazo. Gobernar no es únicamente administrar la coyuntura; es anticipar los desafíos del futuro, diseñar políticas coherentes y crear las condiciones para que el bienestar colectivo sea sostenible en el tiempo.
