La Policía de Río de Janeiro lanza campaña antirracista con imágenes de la abogada argentina imputada por injuria racial
La Policía Civil de Río de Janeiro lanzó una campaña antirracista en sus redes sociales oficiales, utilizando imágenes del caso de Agostina Páez, abogada argentina de 29 años imputada por injuria racial tras un incidente en un bar de Ipanema. El video institucional reconstruye el episodio paso a paso, incorporando registros tomados por testigos que captaron el enfrentamiento entre Páez y un mozo del local, donde la acusada señaló con el dedo, insultó y realizó gestos racistas en un intento de humillar al trabajador brasileño[1][2][3].
El mensaje central del spot afirma: En Río de Janeiro, el racista es tratado como un criminal por la Policía Civil. Subraya que no importa si es turista, extranjero o abogado, la aplicación de la ley no distingue condición social ni nacionalidad, y la policía actuó de inmediato tras la denuncia de la víctima[1][2][3][4]. La narración oficial detalla: Una mujer señaló con el dedo, insultó, hizo gestos racistas e intentó humillar a un trabajador brasileño. La víctima denunció y la Policía Civil actuó sin dudar[1][2].
El cierre de la campaña refuerza la postura de tolerancia cero: Aquí, el racismo es un caso policial. No vamos a tolerarlo. O respeta al pueblo brasileño, o va a prestar cuentas con la Policía. El respeto al pueblo es una obligación[1][2][3][4]. Las autoridades de la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación recae sobre Páez por ofensas racistas dirigidas al trabajador, y que una amiga argentina de la imputada está bajo investigación por falso testimonio. Comunicaron: El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma[3][4].
El incidente ocurrió durante una discusión por el pago de la cuenta en el bar, que derivó en denuncias cruzadas. Páez sostiene que su gesto fue una reacción a provocaciones del personal, que incluían agarres de genitales, señalamientos e insultos mientras impedían la salida de ella y sus amigas, según relató su abogado Sebastián Robles. Una amiga abonó la cuenta para retirarse, y el video del gesto fue grabado por un tercero que se acercó[3]. Páez presentó una denuncia por amenazas, alegando riesgo a su integridad tras la viralización del caso[1][2][3].
Por disposición judicial, se le colocó una tobillera electrónica el miércoles pasado y permanece retenida en Brasil desde hace diez días, mientras avanza la causa por injuria racial, delito que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión. La Justicia rechazó la excarcelación bajo fianza, medida que la defensa considera desproporcionada dada la falta de antecedentes penales de la imputada. Robles busca resolver el proceso de manera virtual para permitir su salida del país, salvo que el juez requiera presencia física[2][3][4].
