La nueva ley antitabaco se centra en la regulación del vapeo y el control del mercado ilícito
El Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para la modificación de la actual normativa sobre productos del tabaco con el objetivo de integrar los dispositivos de vapeo y los cigarrillos electrónicos en un marco regulatorio más estricto. La propuesta legislativa busca responder al incremento de estos productos en el mercado y establecer mecanismos de control sobre su comercialización y consumo. Uno de los puntos fundamentales del texto se refiere a la lucha contra el comercio ilegal y el contrabando de estos dispositivos. El documento identifica que la ausencia de una regulación específica ha facilitado la entrada de productos que no cumplen con los estándares de seguridad y calidad exigidos en la Unión Europea. La administración argumenta que esta situación genera riesgos para el consumidor debido a la falta de información sobre la composición de las sustancias utilizadas. La nueva normativa plantea una homologación de los requisitos de venta similares a los que ya aplican al tabaco tradicional, incluyendo limitaciones en los puntos de distribución y una vigilancia más rigurosa sobre los canales de venta en línea. El proyecto incluye medidas orientadas a la trazabilidad de los productos para evitar la proliferación de artículos sin garantías sanitarias. La propuesta también aborda la publicidad y promoción de estos dispositivos, planteando una restricción de los canales de difusión para limitar el acceso a menores de edad. Los datos recogidos por el departamento ministerial indican que el consumo de vapeadores ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años, lo que motiva la necesidad de actualizar el marco legal vigente. La normativa pretende armonizar la legislación nacional con las directrices europeas en materia de salud pública, enfocándose en la transparencia de los ingredientes y el etiquetado. El proceso legislativo continuará su curso parlamentario tras el periodo de consulta pública, donde se analizarán las alegaciones presentadas por los sectores afectados y los organismos de salud. La administración sostiene que este enfoque técnico permitirá dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y reducir la presencia de productos de procedencia dudosa que actualmente operan fuera de la supervisión estatal.
