Bolivia ha iniciado una nueva etapa que puede resultar determinante para su futuro económico. Después de décadas de avances parciales y de experiencias de industrialización con resultados muy diversos, el país enfrenta nuevamente un desafío impostergable: desarrollar nuevas industrias, generar nuevos productos, ampliar mercados, elevar la productividad y construir capacidades que permitan competir en una economía internacional cada vez más exigente.
Durante los últimos veinte años, buena parte del discurso sobre industrialización estuvo asociado al protagonismo del Estado y a la creación de empresas públicas. Bajo este modelo se destinaron importantes recursos a proyectos industriales que, en varios casos, no alcanzaron los resultados económicos esperados y terminaron requiriendo apoyo del Estado para sostener sus operaciones.
El problema no radica necesariamente en la existencia de empresas públicas, sino en concebir la industrialización como una decisión fundamentalmente política, desvinculada de criterios técnicos, económicos y empresariales. Una inversión industrial, independientemente de quién sea su propietario, debe responder a estudios rigurosos de factibilidad, disponibilidad de materias primas, demanda, localización, infraestructura, logística, energía, impacto ambiental, rentabilidad y sostenibilidad financiera.
Cuando estos elementos no son considerados adecuadamente, aparecen problemas previsibles: plantas alejadas de los insumos que necesitan, dificultades de acceso a mercados, elevados costos logísticos, insuficiente disponibilidad energética, baja utilización de capacidad instalada y estructuras de costos que terminan haciendo poco competitivos los proyectos.
Una industrialización impulsada por la inversión
El actual Gobierno enfrenta, por tanto, un desafío diferente: desarrollar una política industrial sostenible, competitiva y eficiente que contribuya genuinamente al crecimiento económico.
En este sentido, coincido con el enfoque expresado por el viceministro Gustavo Jáuregui cuando señala que el Gobierno no puede crear prosperidad por sí solo, pero sí puede crear las condiciones para que esta se genere con la participación del sector privado.
Esta diferencia conceptual es fundamental.
El Estado no debería pretender sustituir al empresario. Su principal responsabilidad debe ser construir un entorno que permita que empresas, emprendedores e inversionistas puedan producir, innovar, competir, generar empleo y asumir riesgos.El sector privado debe convertirse así en uno de los principales motores de esta nueva industrialización. Pero para hacerlo necesita condiciones adecuadas: acceso al crédito, energía suficiente y competitiva, infraestructura, conectividad logística, capital humano, tecnología, reglas claras y seguridad jurídica.
Asimismo, Bolivia debe dejar de pensar su industrialización exclusivamente desde la perspectiva de su mercado interno. Una política industrial moderna debe nacer con vocación exportadora. Las empresas bolivianas necesitan integrarse a cadenas regionales y globales de valor, aprovechando inicialmente los mercados latinoamericanos, pero proyectándose también hacia Europa, Estados Unidos y Asia.
Industrializar no significa solamente transformar materias primas. Significa producir competitivamente y encontrar mercados capaces de absorber esa producción.
¿Cuál debe ser el papel del Estado?
Reconocer al sector privado como protagonista no significa afirmar que el Estado carezca de un papel en la economía. Por el contrario, su responsabilidad es fundamental, pero debe estar claramente definida. Existen actividades en las que la participación estatal puede justificarse por razones estratégicas, sociales o por las características económicas propias de determinadosmercados. Un ejemplo clásico son los denominados monopolios naturales. Estos aparecen principalmente en industrias caracterizadas por importantes economías de escala y elevados costos de infraestructura. Las redes de distribución de gas son un buen ejemplo. Construir dos redes paralelas de tuberías para que distintas empresas compitan por distribuir el mismo servicio puede representar una duplicación innecesaria de infraestructura y elevar los costos para la sociedad.
En estos casos, la discusión no debería reducirse simplemente a propiedad pública versus propiedad privada. El verdadero desafío es garantizar eficiencia, calidad, cobertura, regulación adecuada y costos razonables para el consumidor.
Fuera de estos sectores específicos, sin embargo, el Estado debería concentrar sus esfuerzos principalmente en facilitar la inversión, establecer reglas, garantizar competencia, desarrollar infraestructura y corregir aquellas fallas de mercado que impidan el desarrollo productivo.
Industrialización también significa energía
Existe además un componente que Bolivia no puede ignorar: no existe industrializacióncompetitiva sin una política energética que la respalde.
Toda estrategia industrial necesita energía disponible, confiable y a costos competitivos.
Bolivia deberá garantizar electricidad suficiente para nuevas plantas industriales, ampliary modernizar redes de transmisión, asegurar el abastecimiento energético y aprovechar de manera inteligente su potencial en gas natural, energías renovables y nuevas fuentes de generación. La política industrial y la política energética, por tanto, no pueden diseñarse separadamente. Una empresa decidirá dónde instalar una planta considerando no solamente impuestos o incentivos fiscales. Evaluará también cuánto cuesta la electricidad, si existe suministro continuo, qué infraestructura logística está disponible, cuánto cuesta transportar sus productos y cuánto tiempo demora acceder a los mercados.
La competitividad industrial comienza mucho antes de que un producto salga de una fábrica. Una política que requiere a todo el Estado. El paso inicial desde el Viceministerio de Industrialización es importante. Sin embargo,para que esta nueva visión no quede solamente en buenas intenciones, será necesariala participación coordinada de diferentes instituciones públicas y del propio sectorprivado. Planificación deberá contribuir a definir una visión de largo plazo, identificar sectores estratégicos y establecer prioridades de inversión capaces de generar crecimiento sostenible sin depender permanentemente del Estado. Economía y Finanzas tendrá que acompañar este proceso con una política fiscal coherente, mecanismos de financiamiento productivo y condiciones que permitan movilizar capital hacia nuevas inversiones.
Las instituciones financieras deberán facilitar instrumentos de crédito adecuados a los ciclos de inversión industrial, porque difícilmente podremos pedir nuevas fábricas, tecnología e innovación si las empresas no cuentan con financiamiento competitivo y de largo plazo.
El sistema de justicia y las instituciones regulatorias, por su parte, deberán garantizar seguridad jurídica, cumplimiento de contratos y reglas previsibles. Ningún inversionista compromete capital de largo plazo si no tiene certeza respecto de las condiciones bajo las cuales realizará su inversión.
A ello debemos sumar infraestructura, logística, educación técnica, tecnología, política energética, comercio exterior y apertura de mercados. La industrialización, por tanto, no pertenece a un ministerio ni puede depender exclusivamente de una autoridad. Debe convertirse en una política económica integral del Estado.De la intención a la transformación
Debemos comprender que una política de industrialización —al igual que cualquier estrategia seria de desarrollo económico— no puede descansar sobre iniciativas aisladas. Necesita reformas estructurales que permitan transformar buenas ideas en inversiones, empresas, empleo y exportaciones.
Por eso, la coordinación interinstitucional será fundamental. Bolivia necesita definir qué sectores poseen ventajas reales, cuáles tienen capacidad de generar cadenas productivas, dónde existen oportunidades y, especialmente, qué actividades pueden convertirse en nuevas fuentes de exportación.
También deberá preguntarse qué infraestructura necesita, cuánto capital requerirá, de dónde provendrá ese financiamiento, qué tecnología deberá incorporar y qué mercados internacionales pretende conquistar.
Tenemos, por un lado, una autoridad de industrialización que comienza a plantear unapolítica integral y que parece comprender que el desarrollo industrial necesita planificación y participación privada. Pero, por otro, todavía queda un largo camino de reestructuración económica e institucional para crear las condiciones que permitan que esa visión se materialice.
La oportunidad existe y el enfoque comienza a cambiar. Ahora corresponde transformar esa visión en una estrategia coherente, medible y ejecutable.
Porque Bolivia necesita industrializarse, pero esta vez debe hacerlo sobre fundamentos distintos: productividad, inversión, energía, innovación, competitividad y mercados. Y el tiempo importa.
La transformación productiva que Bolivia necesita no puede esperar indefinidamente. Mucho menos cuando los desafíos económicos tampoco están dispuestos a hacerlo.
