La ministra de Mujeres bonaerense habló tras las detenciones de dos militantes por abusos en el Senado de la Provincia
La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Delfina Isnard, se pronunció este domingo respecto a las detenciones de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos militantes kirchneristas y empleados del Senado bonaerense imputados por abusos sexuales agravados.[1][2][3][4] Isnard destacó que el Gobierno provincial actuó con celeridad ante las denuncias, que datan de 2019 pero avanzaron judicialmente en los últimos meses, y subrayó el compromiso con la erradicación de la violencia de género en todos los espacios, incluidos los institucionales.[1] Los detenidos, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana y de la militancia feminista en La Plata, permanecen arrestados desde el 29 de diciembre de 2025 a la espera de la resolución sobre prisión preventiva, prevista para el 29 de enero de 2026 por la fiscal Betina Lacki de la UFI 2 de La Plata.[1][2] La investigación incorporó testimonios de al menos cinco víctimas, con 16 declaraciones pendientes, que relatan abusos sexuales con acceso carnal agravado por daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad, violación de domicilio y amenazas con armas blancas, ocurridos entre 2015 y 2019 en la oficina 007 del Senado y domicilios privados.[1][2][3][4] Las víctimas, jóvenes militantes captadas a través de la agrupación política con promesas de inserción laboral estatal y contratos de altos ingresos, describen un patrón de manipulación: asimetría de poder, encerramiento para evitar escapes, abusos sin preservativo seguidos de acoso, y exigencia de devolución de salarios para tareas militantes.[1][2][3][4] Rodríguez es imputado como autor principal y líder de una presunta secta denominada La Orden de la Luz, con prácticas como obligar a víctimas a apagar fuego con las manos y uso de correos encriptados; Silva Muñoz, como partícipe necesaria y referente de género que, en lugar de proteger, persuadía a las mujeres para llevarlas a los lugares de los abusos e incluso participaba en algunos.[1][2][3][4][5] El juez de Garantías Juan Pablo Masi validó las detenciones iniciales por pruebas suficientes, ampliando la imputación con dos nuevas víctimas y extendiendo el plazo para peritajes en dispositivos electrónicos secuestrados.[1][2] Las denunciantes, asistidas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, rompieron el silencio en reserva, confirmando los hechos y ampliando denuncias, y expresaron alivio por el avance judicial que les permite sentir que volvieron a vivir.[3][4] Los hechos ocurrieron en instalaciones estatales bajo la órbita de la Presidencia del Senado, lo que configura un caso de presunta utilización de recursos públicos para delitos graves.[3][4]
