En un artículo anterior, titulado “Arquitecto del caos”, denunciamos las contradicciones del modelo educativo socio‑comunitario productivo (MESCP) y sus responsables. Un dato mencionado en aquel texto fue que el exviceministro y exdirector del OPCE, Samanamud, es quien se atribuyó la creación del modelo y, paradójicamente, es quien lo evalúa y lo reprueba. En síntesis, podemos preguntarnos: ¿es posible considerar fiables los datos del OPCE que sacó la gestión anterior (2024), teniendo en cuenta que existe un claro conflicto de intereses?
Para nuestro análisis, dejemos de lado algunas cosas que ya se sabían y que cualquier docente universitario conoce: que los estudiantes que llegan de educación regular a la superior tienen un déficit de lectura comprensiva y de escritura, así como de matemáticas. Los mismos burócratas que publicaron la evaluación ya conocían ese resultado, pues esa evaluación se realizó el año 2017 y son datos que aparecen en el documento de “Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia”. Estos pueden ser una trampa engañosa, especialmente sino se hace un diagnóstico y se busca sus razones.
La prueba Trece, analizada en el documento “Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia”, se realizó en 2017, hace nueve años. ¿Cuál es el sentido de publicar recién, en el año 2024, resultados de 2017? El documento dice textualmente: “En el año 2017, el Ministerio de Educación llevó a cabo la implementación del Diagnóstico Nacional en colaboración con el LLECE y la participación del OPCE. Este estudio se basó en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado por el LLECE en América Latina y el Caribe en 2013, y posteriormente aplicado en Bolivia en 2017 como un estudio adicional o posterior al [regional]” (OPCE, 2024, p. 6). La publicación en 2024 de resultados de 2017, sin estudios causales intermedios ni datos actualizados, transforma un diagnóstico técnico en un recurso narrativo: permite atribuir el ‘caos’ educativo a su permanente presencia sin responsabilidad por la inacción diagnóstica de los últimos siete años.
El caso de las pruebas Iyambae — documento: «Análisis del Diagnóstico Preliminar de Secundaria 2023» — porque allí se afirma que: «La figura anterior muestra que los estudiantes con docentes que tienen dominio de su materia tienen mejores resultados que aquellos cuyos docentes tienen muy poco conocimiento de la materia que imparten» (OPCE, 2024b, p. 16). El dato del OPCE sobre la correlación entre dominio de materia y resultados, aunque proveniente de una prueba piloto, es revelador por lo que da por sentado: que existe una masa docente con ‘muy poco conocimiento’ de lo que imparte. Si el PROFOCOM fue el programa formativo insignia de la última década, la pregunta obligada es por qué esa formación no cerró esa brecha disciplinaria. Que el OPCE presente este “hallazgo” sin vincularlo explícitamente a la evaluación de los propios programas de formación del ministerio sugiere un diagnóstico que, misteriosamente, se detiene donde debería hacer incidencia.
Para justificar el fracaso, en una entrevista que le hace Cecilia Salazar a Samanamud afirma lo siguiente: “No podemos culpar al modelo (MESCP); nunca ingresó al aula” (p. 165), Pero quien era responsable de que el modelo entrara al aula era el mismo que organizó el PROFOCOM para introducir el modelo en el aula. Entonces, ¿quién se responsabiliza? El exviceministro de Educación Superior que diseñó el PROFOCOM dice que el MESCP no entró al aula; entonces, ¿para qué se hizo ese programa? Parece que quiere echarle la culpa al maestro de base y desligarse de sus responsabilidades. El problema fue que no se partió de un diagnóstico sobre lo que los maestros necesitaban enseñar ni de lo que los estudiantes dejaban de aprender, sino que se partió de premisas teóricas como descolonización, comunitario y modelo socio‑comunitario, entre otras, sin un diagnóstico real.
Dado el contexto actual, el magisterio se encuentra en un momento en el que es visto como culpable, pero es la víctima de un diseño ideológico para la formación docente, lo que generó maestros menos preparados y más debilitados frente a las exigencias actuales de cambio. La solución no es pelear contra el magisterio, pues ellos son también son un producto del MSECP, al igual que los estudiantes; les dejaron toda la responsabilidad a los maestros. No hicieron un diagnóstico e impusieron problemas teóricos, como la descolonización, sin siquiera tener una idea de qué significa eso para la educación boliviana. En otras palabras, la educación se usó como comodín político, donde bastaba adjetivarla para justificar su vacío.
El presente necesita crear consensos, acuerdos y empezar seriamente con una planificación educativa. La reforma de la ley, así como cambiar el currículo, es una necesidad inmediata; hacer un diagnóstico serio sobre los problemas educativos debe ser el punto de partida. Asimismo, las autoridades encargadas de la evaluación deben realizar una auditoría de los procesos pasados y proponer una serie de indicadores que permitan hacer seguimiento a lo que pueda surgir de un diálogo entre los actores educativos, para proponer cambios reales en la educación. La educación boliviana no puede permitir que estos sujetos sigan asesorando: se diseña una reforma sin diagnóstico, se la bautiza con adjetivos grandilocuentes, se la evalúa uno mismo y, al fracasar, se dice que nunca existió. La educación necesita dejar de ser materia de metafísica política.
Referencias:
Samanamud Ávila, J. (2025). “El Estado es un Leviatán miope al que nadie hace caso”. Entrevista realizada por C. Salazar de la Torre. Revista Umbrales, CIDES-UMSA: Bolivia.
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. (2024). Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia: Factores condicionantes del rendimiento escolar en base a la prueba TERCE 2017 (Documento de Trabajo). Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia.
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. (2024b). Análisis del Diagnóstico Preliminar de Secundaria 2023: Comunicación y lenguajes. Lectura y escritura (Documento de Trabajo). Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia.
