La falta de evaluación de las políticas públicas impide conocer la eficacia del gasto estatal
La gestión de las políticas públicas en España enfrenta una carencia estructural de auditoría y evaluación de resultados. A pesar de que la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas establece la obligatoriedad de analizar la eficacia del gasto, la implementación práctica de estas mediciones es limitada. Diversos organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan verificar si el despliegue de recursos logra los objetivos planteados.
El problema radica en una resistencia cultural y administrativa hacia la fiscalización del gasto. La ausencia de datos rigurosos y públicos sobre el impacto de las iniciativas estatales genera una opacidad que impide corregir ineficiencias. Según los informes citados, existe un temor institucional a que los resultados de una evaluación técnica revelen que las políticas aplicadas no generan los beneficios esperados o resultan contraproducentes. Esta dinámica favorece la perpetuación de programas presupuestarios que carecen de justificación empírica.
La evaluación de las políticas debe basarse en metodologías científicas que permitan comparar la situación previa y posterior a la intervención, así como medir el coste de oportunidad frente a otras alternativas de inversión. Actualmente, la mayor parte de las evaluaciones se limitan a un control meramente administrativo o procedimental que audita el cumplimiento de los trámites pero no el impacto real de las medidas en la economía o en la sociedad. Esta práctica omite el análisis fundamental de la productividad de cada euro destinado a los presupuestos generales.
El marco legislativo actual busca dotar de mayor rigor a la toma de decisiones mediante la creación de la Agencia Estatal de Evaluación, sin embargo, el éxito de este organismo depende de su autonomía técnica y de la voluntad política para aplicar las conclusiones derivadas de sus informes. La experiencia internacional demuestra que el establecimiento de sistemas de evaluación sistemáticos mejora la calidad de la gestión pública y optimiza la asignación de recursos limitados. Sin una cultura de rendición de cuentas que anteponga el dato a la ideología, el sistema público español corre el riesgo de mantener ineficiencias estructurales que comprometen la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
