La CGT ratifica un plan de lucha y amenaza con un paro general tras los cambios en el financiamiento de las obras sociales
La Confederación General del Trabajo definió el inicio de un plan de acción que contempla movilizaciones y un futuro paro general cuya fecha aún no fue determinada. Esta decisión se tomó luego de que el Gobierno nacional oficializara, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, una modificación en el sistema de financiamiento de las obras sociales sindicales. La medida establece que los aportes y contribuciones de los trabajadores con pluriempleo ya no se destinarán de manera proporcional a cada una de las obras sociales donde el trabajador esté afiliado, sino que se concentrarán en una única entidad elegida por el beneficiario.
El Gobierno fundamentó esta decisión en la necesidad de ordenar el sistema y garantizar la sostenibilidad de las prestaciones, argumentando que la fragmentación de los aportes dispersaba recursos y dificultaba la eficiencia en la atención sanitaria. Desde la cúpula sindical, en cambio, se calificó la medida como un avance sobre los recursos de las cajas gremiales. No obstante, en las negociaciones previas, el Poder Ejecutivo había accedido a un alivio técnico respecto a las deudas acumuladas y los mecanismos de compensación, lo cual había generado expectativas de una tregua en el vínculo entre el sindicalismo y la administración central.
A pesar de haber alcanzado dicho entendimiento administrativo, los referentes de la central obrera optaron por avanzar con medidas de fuerza. La agenda de protestas comenzará con movilizaciones en puntos estratégicos y se escalará hasta una huelga nacional, aunque los plazos de ejecución permanecen sujetos a nuevas instancias de diálogo o a la evolución de la tensión política. La postura de la CGT sostiene que los cambios en la distribución de los fondos afectan la estructura de financiamiento sindical, mientras que el Ejecutivo mantiene que la reforma responde a una optimización de la gestión de los aportes de los trabajadores y una mayor transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud.
