El ministro de Defensa afirmó que el Gobierno solicitará información a Estados Unidos mediante la Cancillería para conocer los elementos que sustentan los señalamientos contra el fiscal general. Aseguró que no habrá protección política, pero tampoco una condena anticipada.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que los señalamientos realizados por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, podrían derivar en una investigación judicial y, eventualmente, en una solicitud de extradición.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, declaró.
Justiniano explicó que el Gobierno boliviano realizará consultas oficiales a través de la Cancillería con el objetivo de obtener información y elementos probatorios que permitan conocer los fundamentos de los señalamientos difundidos por el Gobierno estadounidense.
“Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería”, indicó.
Piden verificar la información
El ministro remarcó que, una vez que Bolivia reciba la información solicitada, corresponderá a las instituciones nacionales evaluar las acciones que puedan asumir dentro del marco de la legislación boliviana.
En el caso de las demás personas mencionadas en las medidas anunciadas por Estados Unidos, Justiniano pidió evitar conclusiones anticipadas mientras no exista información oficial adicional.
“Pero de las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, señaló.
“No habrá protección política”
Frente a los señalamientos contra Mariaca, el ministro sostuvo que el Gobierno mantendrá una posición basada en la investigación y el respeto al debido proceso.
“No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada”, afirmó.
Justiniano agregó que recibir información de otros países no implica renunciar a la soberanía nacional, sino evaluar los datos y determinar las acciones correspondientes mediante las instituciones bolivianas.
“Defender la soberanía no significa ignorar con claridad información seria, proveniente de un socio, en este caso Estados Unidos. Significa recibir esa información, hay que verificarla y hay que decidir en Bolivia, mediante instituciones bolivianas y conforme a la ley boliviana también”, explicó.
Cooperación contra el narcotráfico
El ministro relacionó el caso con la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Señaló que Bolivia mantiene coordinación con otros países y planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos.
Justiniano también sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere revisar toda la cadena institucional, desde las labores policiales hasta las actuaciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
“Se pueden hacer detenciones de personas que han cometido crímenes, pero si rápidamente son liberados o se les da detención domiciliaria y luego se escapa, entonces todo el trabajo es en vano”, manifestó.
El ministro afirmó que estos aspectos deben ser abordados de manera integral para fortalecer la persecución de delitos vinculados al narcotráfico y mejorar la respuesta institucional frente al crimen organizado.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
