Justicia ordena indemnizar a víctima de secuestro extorsivo tras años de litigio
La justicia argentina ha dictado una sentencia que ordena al Estado nacional indemnizar a un hombre que fue víctima de un secuestro extorsivo en el año 2002. El tribunal determinó que el Estado es responsable por la falta de protección y el deficiente desempeño de las fuerzas de seguridad durante el episodio, en el cual la víctima sufrió torturas mediante el uso de una plancha caliente.
El demandante fue capturado por un grupo de delincuentes cuando salía de su vivienda en la zona norte del Gran Buenos Aires. Durante el cautiverio, que se prolongó por varios días, los secuestradores exigieron un rescate a sus familiares y sometieron al hombre a diversos vejámenes físicos, incluyendo la aplicación de una plancha sobre su piel para presionar por el pago del dinero. Tras el pago parcial del rescate, la víctima fue liberada, lo que derivó en una denuncia penal y el posterior proceso civil por daños y perjuicios contra el Estado.
El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que existieron fallas operativas en el accionar policial que permitieron la concreción del hecho. El tribunal consideró acreditado que el Estado no garantizó la seguridad necesaria ni actuó con la debida diligencia para prevenir el delito, a pesar de que existían antecedentes de inseguridad en el área.
La indemnización fijada por la justicia comprende el resarcimiento por daño moral y las secuelas físicas permanentes derivadas de las torturas padecidas. La resolución judicial destaca que la responsabilidad del Estado surge de la omisión del deber de seguridad pública, un concepto clave en la jurisprudencia civil aplicada a casos de víctimas de la delincuencia. La sentencia adquiere firmeza tras años de instancias judiciales donde se evaluaron los informes periciales, el historial de las comunicaciones extorsivas y la relación directa entre el incumplimiento del deber de seguridad por parte del Estado y el perjuicio sufrido por el ciudadano.
