El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer N° 2 de La Paz concedió la tutela de una acción de libertad presentada por los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar, dejando sin efecto las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.
La decisión judicial se produce en medio de los esfuerzos para reencauzar el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. Durante los últimos días, organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos habían condicionado su participación en las negociaciones al levantamiento de las medidas judiciales contra sus principales dirigentes.
En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había garantizado la participación de los dirigentes convocados, con el objetivo de generar condiciones para la instalación de una mesa de diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto.
Procesos vinculados a hechos de violencia
Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las protestas desarrolladas en el departamento de La Paz.
Entre los antecedentes figuran los disturbios ocurridos el 18 de mayo en la sede de gobierno, jornada en la que se reportaron saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Liberación de detenidos sigue siendo tema de debate
Mientras la COB exige garantías para participar en futuras conversaciones con el Ejecutivo, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari también ha planteado la liberación de sus afiliados detenidos durante las movilizaciones.
La situación de los arrestados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión dentro del conflicto. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las protestas registradas en La Paz, aunque solo una parte de ellas fue formalmente sometida a procesos judiciales.
Las organizaciones movilizadas sostienen que la revisión de los procesos contra sus dirigentes y afiliados es fundamental para generar confianza y avanzar hacia una negociación con el Gobierno.
Orden contra Evo Morales continúa vigente
En contraste con la situación de Argollo y Salazar, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales continúa vigente y pendiente de ejecución.
“Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, afirmó la autoridad al ser consultada sobre el caso.
La decisión judicial que favorece a los dirigentes sindicales abre un nuevo escenario en el conflicto, mientras continúan las gestiones para instalar una mesa de diálogo que permita restablecer la normalidad y superar la crisis social y económica que afecta al país.
