PACTO: INVERSIÓN Y CERTEZA
El desarrollo del Departamento de La Paz ha dejado de ser una aspiración técnica para convertirse en un desafío de acción colectiva. El Pacto Social por el Desarrollo de La Paz 2030 no es una declaración de buenas intenciones; es un instrumento de derecho público que formaliza un contrato de corresponsabilidad entre el Estado y el mercado.
Desde mi perspectiva profesional, la viabilidad de este plan descansa sobre un pilar fundamental: la empresa privada. Sin una inversión privada sostenida, la inversión pública programada corre el riesgo de convertirse en «infraestructura muerta»: carreteras sin flujo comercial y plantas sin operadores.
El sector privado, liderado por la FEPLP y sus cámaras, deben asumir un rol protagónico en esta gobernanza al comprometer una meta global en inversión productiva y la creación de empleos formales. Este compromiso no es filantropía, sino la contraparte necesaria a cambio de certidumbre jurídica, estabilidad normativa y una reducción del 50% en la burocracia estatal.
La innovación de este modelo radica en sus mecanismos de cumplimiento. El Pacto establece un sistema de resolución de controversias que incluye el arbitraje institucional, garantizando que los conflictos de inversión se resuelvan con plazos estrictos y seguridad jurídica.
Estamos ante una oportunidad histórica para construir capital social. La corresponsabilidad exige que el sector privado sea un actor político y económico activo, asegurando que el beneficio individual se alinee con el bien común departamental para trascender, finalmente, los ciclos electorales.
