Indigenismo y crimen organizado en Bolivia
Ahora mismo, esa misma estructura criminosa que tuvo como líder a Evo Morales, ante la eliminación del subsidio a los combustibles mediante decreto supremo, ha recurrido al indigenismo para oponerse a la medida. El cabildo indígena cruceño, autoconvocado, se plantó frente al comando de la policía boliviana en Santa Cruz de la Sierra exigiendo la reversión del decreto y amenazando con marchas indefinidas si no se atiende su demanda. Esta acción no es aislada, sino que forma parte de un patrón donde el indigenismo se utiliza como escudo para actividades ilícitas. Durante el gobierno de Luis Arce, el cabildo paceño, liderado por el cocalero Rafael Washikuna, aliado de Morales, protagonizó bloqueos de vías férreas y carreteras en demanda de la abrogación de la Ley 1243, que facultaba al Ejército en tareas de seguridad ciudadana. Washikuna, con antecedentes de narcotráfico y expulsión de Estados Unidos, representa la intersección entre indigenismo y crimen organizado. Otros líderes indígenas como Julio Rodríguez Balderas, presidente del cabildo guaraní de Tarabuco, y Zenón Yujra, del cabildo aymara de La Paz, también han respaldado estas acciones obstructivas. El patrón se repite con figuras como Idón Da Silva, del cabildo de los tacanas en La Paz, involucrado en protestas contra operativos antinarcóticos. Estos cabildos, financiados por estructuras cocaleras masistas, operan con tácticas de presión que coinciden con los intereses del narcotráfico. Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en 2024 se incautaron 28 toneladas de cocaína, con un incremento del 45% en erradicaciones de coca excedente. Las regiones de mayor producción ilícita, como Chapare y Yungas, están bajo control de cocaleros indígenas masistas. El subsidio a los combustibles, que costaba 4.000 millones de dólares anuales, beneficiaba directamente al contrabando de gasolina y diésel hacia Brasil, Paraguay y Argentina, facilitando la producción de cocaína. La eliminación del subsidio impacta directamente en la rentabilidad del narcotráfico, provocando la reacción de estas estructuras indigenistas. El gobierno de Avilés debe desmantelar esta alianza entre indigenismo y crimen organizado para restaurar el Estado de derecho y la economía racional en Bolivia.
