La Paz. El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Estado boliviano acordaron un paquete de apoyo financiero por US$ 4.500 millones para el periodo 2026-2028, destinado a respaldar la agenda de reformas económicas orientadas a la estabilización macroeconómica, la recuperación del crecimiento y la ampliación de la creación de empleo. El financiamiento contempla recursos para protección social, inversión privada, infraestructura, apoyo presupuestario y movilización de capital, y representa casi seis veces la asignación que Bolivia recibió del organismo en periodos anteriores comparables.
El acuerdo fue ratificado durante la visita oficial del presidente del BID, Ilan Goldfajn, la primera de un titular del organismo al país en más de 15 años, hecho que marca una nueva etapa en la relación bilateral. Goldfajn reafirmó el respaldo del Grupo BID a la estabilización económica y a las reformas orientadas al crecimiento, señalando que la recuperación sostenible requiere un esfuerzo compartido que incluya al sector privado.
Por su parte, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, destacó que el apoyo del BID coincide con la visión del Gobierno de avanzar desde la estabilización hacia un modelo de crecimiento sostenible y equitativo, con impacto directo en obras, infraestructura, salud, educación y generación de empleo en todo el país.
De acuerdo con la información oficial, en el primer año el Grupo BID prevé desplegar alrededor de US$ 2.000 millones, enfocados en un programa de estabilización que priorice la protección de los sectores más vulnerables y contribuya a restaurar la estabilidad macroeconómica. Entre las acciones inmediatas se incluyen transferencias monetarias a hogares de bajos ingresos, en el marco de un esfuerzo multilateral coordinado para apoyar la consolidación fiscal sin afectar la protección social.
El acuerdo también respalda la agenda “Bolivia Crece”, orientada a acelerar la recuperación económica y atraer inversión mediante la eliminación de cuellos de botella, el aumento de la productividad y reformas con bajo costo fiscal. El programa contempla apoyo a la capacidad de ejecución del Estado, reformas regulatorias e inversiones estratégicas en minería, energía, agroindustria y turismo, además del fortalecimiento del comercio y la logística en el Corredor Bioceánico Sur, enmarcado en el programa regional Conexión Sur del BID.
Más allá del financiamiento, el Grupo BID aportará asistencia técnica y experiencia acumulada por más de 65 años en América Latina y el Caribe. En ese marco, se anunció la provisión de hasta US$ 4,5 millones en recursos no reembolsables para fortalecer la preparación de proyectos y la fase de preinversión en iniciativas prioritarias incluidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), con el objetivo de mejorar el acceso al financiamiento público y privado y acelerar la ejecución.
En el ámbito del sector privado, BID Invest, brazo del Grupo BID para la inversión privada, prevé ampliar su cartera en Bolivia hasta veinte veces, con inversiones de hasta US$ 450 millones en los próximos tres años en agroindustria, infraestructura, industria e inclusión financiera. Las reformas asociadas incluyen la implementación de operaciones aduaneras 24 horas en Santa Cruz, la simplificación de trámites para inversiones, la expansión de pagos digitales mediante BID Pay y la agilización del registro empresarial.
Adicionalmente, el Grupo BID, en coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), analiza mecanismos para movilizar capital privado a gran escala y respaldar proyectos de alto impacto en sectores como minería, agroindustria, turismo, energía, infraestructura sostenible, inclusión financiera y manufactura con valor agregado.
Impacto del Grupo BID en Bolivia
El BID es el principal socio financiero multilateral de Bolivia, con más de 65 años de presencia en los nueve departamentos del país. Actualmente cuenta con una cartera vigente de 25 operaciones de préstamo de inversión por US$ 2.553 millones, además de donaciones y cooperaciones técnicas. Casi la mitad de la cartera se destina a infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento, mientras que los programas productivos, sociales, ambientales y de resiliencia climática han tenido impacto directo en miles de hogares urbanos y rurales.
Con este nuevo acuerdo, Bolivia ingresa a una fase de mayor respaldo financiero internacional, cuyo impacto dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, la sostenibilidad fiscal y la articulación institucional necesaria para transformar el financiamiento en crecimiento y desarrollo de largo plazo.
