El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo N° 5516, norma que abroga de manera expresa el Decreto Supremo 5503 y establece un nuevo marco integral de estabilización económica, protección social y orden fiscal, en un contexto marcado por la crisis económica heredada y el reciente conflicto social.
El decreto, aprobado en Consejo de Ministros, tiene como objetivo central estabilizar los precios de los combustibles derivados del petróleo, con excepción del Gas Licuado de Petróleo (GLP), bajo criterios de sostenibilidad fiscal, equidad social y eficiencia económica. En ese marco, se fijan nuevos precios finales al consumidor para gasolina, diésel, jet fuel, kerosene y gas oil, y se aprueba una metodología de ajuste que será regulada mediante reglamento específico.
La norma reconoce que el modelo de subsidios a los combustibles resultó insostenible, al generar distorsiones de mercado, incentivar el contrabando, estimado en hasta el 40% de la oferta y comprometer la seguridad energética del país. Asimismo, se fundamenta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ordenó a Bolivia cesar la diferenciación de precios en la venta de combustibles.
Medidas sociales y salariales
El Decreto Supremo 5516 incorpora un paquete de medidas sociales orientadas a proteger el ingreso de las familias bolivianas. Entre las principales disposiciones se destacan:
- Incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 a partir de la gestión 2026.
- Incremento de la Renta Dignidad en Bs 150 para beneficiarios sin aportes contributivos.
- Creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que establece transferencias monetarias temporales dirigidas a familias vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores.
- Incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026, lo que representa un aumento del 20% respecto a la gestión anterior.
En paralelo, el decreto dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para 2026, con excepción de los ascensos de escalafón en salud, magisterio fiscal, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, y reafirma la libre negociación salarial en el sector privado, bajo el marco de la legislación laboral y los principios del tripartismo.
Medidas económicas, financieras y productivas
Con el objetivo de aliviar la carga financiera de hogares y pequeñas unidades productivas, el decreto establece el diferimiento automático de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas empresas, por un periodo de hasta seis meses, sin capitalización indebida de intereses ni afectación a la calificación crediticia.
Asimismo, se dispone la reducción a 0% del gravamen arancelario hasta diciembre de 2026 para la importación de maquinaria, equipos e insumos destinados a sectores estratégicos como la industria alimenticia, agroalimentaria, textil, metalúrgica y transporte, con el fin de abaratar costos y estimular la producción nacional.
El Decreto Supremo 5516 también incluye disposiciones de racionalización del gasto público, prohibiendo nuevas contrataciones salvo en sectores esenciales, y ordena a las entidades estatales optimizar su estructura de personal y reducir gastos corrientes.
Abrogación del D.S. 5503 y vigencia
En su parte final, la norma abroga expresamente el Decreto Supremo 5503, así como otras disposiciones contrarias, y encarga a los ministerios competentes su ejecución y cumplimiento inmediato. El decreto fue promulgado en el Palacio de Gobierno, el 12 de enero de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en la política económica del país.
Con esta norma, el Gobierno establece un nuevo equilibrio entre disciplina fiscal, estabilidad económica y protección social, en un intento por enfrentar la crisis estructural, recuperar la confianza y sentar las bases para la reactivación productiva.
