El Decreto Supremo 5676 establece un precio diferenciado para empresas, industrias e instituciones que adquieren grandes volúmenes de combustible, mientras que el precio regulado para el resto de los usuarios se mantiene sin cambios.
El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5676, mediante el cual establece que los grandes consumidores de diésel deberán pagar Bs 18 por litro, una medida orientada a regularizar la provisión del combustible y reducir el desvío hacia el contrabando y la reventa.
La disposición no representa un incremento general del precio del diésel. Los particulares y transportistas continuarán pagando Bs 9,80 por litro, siempre que se trate del abastecimiento correspondiente a su consumo habitual. En caso de solicitar volúmenes adicionales que superen ese consumo, estos serán considerados bajo el precio de Bs 18.
La medida apunta principalmente a quienes adquieren grandes cantidades directamente de YPFB, diferenciando tres categorías:
- Usuario directo: entre 120 y 5.000 litros mensuales para consumo propio.
- Cliente directo: entre 5.000 y 19.999 litros mensuales.
- Gran Consumidor (GRACO): 20.000 litros o más al mes, exclusivamente para consumo propio.
Según el Gobierno, la decisión responde al desvío de combustible subsidiado hacia el contrabando y el mercado negro. De acuerdo con la explicación oficial, mientras el Estado importa el diésel a costos superiores, grupos dedicados a la reventa adquieren el producto a Bs 9,80 y lo comercializan en países vecinos o en el mercado informal por precios de hasta Bs 15 y Bs 20.
El decreto también contempla un Precio Referencial para segmentos específicos, que incorporará costos de importación e impuestos y será actualizado semanalmente una vez aprobada la metodología correspondiente.
Asimismo, el Gobierno anunció medidas para estimular la importación de diésel por parte del sector privado, como parte de las acciones destinadas a mejorar el abastecimiento y reducir las distorsiones generadas por la diferencia entre el precio interno y el costo de importación.
La norma toma como referencias experiencias de países como Colombia, por su segmentación de grandes consumidores vinculada al precio internacional, y Chile, por su metodología de paridad de importación y mecanismos de transparencia.
