Gendarmes chilenos montaron una red de extorsión y mercado negro dentro de las cárceles que facturó millones
Una investigación fiscal desarticuló una red integrada por gendarmes y particulares que cobraban a internos por productos y servicios dentro de varios recintos penitenciarios, con tarifas definidas para cada “servicio” y ganancias que, según los antecedentes reunidos, habrían alcanzado varios millones de dólares[6].
La trama operaba como un mercado interno: se cobraba hasta 100 dólares por trasladar a un preso entre módulos y hasta 400 dólares por introducir un teléfono celular en el penal; existían listas de precios para ingreso de alimentos, bebidas alcohólicas y otros artículos prohibidos[6].
El esquema combinaba la colusión entre funcionarios y terceros externos (los llamados “manilleros” o gestores) que coordinaban el ingreso de mercadería; los gendarmes facilitaban el acceso, habilitaban el traslado interno y, en ocasiones, protegían las operaciones a cambio de pagos[6].
Las pesquisas apuntan a que la red no era un episodio aislado: operó en varios recintos y habría generado ingresos significativos durante el tiempo que funcionó, lo que obligó a fiscales a ampliar diligencias para determinar la cuantía exacta y la extensión de la complicidad[6].
Tras las diligencias iniciales, las autoridades desarrollaron operativos y medidas de investigación para desbaratar la red y reunir pruebas que permitan imputar a los responsables y recuperar activos vinculados a estas actividades ilícitas[6].
Con información de La Derecha Diario
