El exministro de Defensa Luis Fernando López, quien permanece fuera del país desde hace seis años, difundió una carta abierta dirigida al presidente Rodrigo Paz y al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, en la que pide garantías constitucionales, respeto al debido proceso e igualdad ante la ley para revisar su situación judicial y permitir su retorno a Bolivia.
En la misiva, fechada el 2 de septiembre de 2026, López recuerda que asumió el Ministerio de Defensa en un momento de alta conflictividad nacional y que, desde esa responsabilidad, enfrentó tareas como la pacificación del país, la emergencia sanitaria por el COVID-19, los incendios y las inundaciones.
El exministro reivindica esa etapa de su trayectoria como un servicio asumido por compromiso con Bolivia, asegurando que aceptó el cargo porque consideraba que el país lo necesitaba, sin imaginar que aquella decisión terminaría marcando durante años su vida personal y familiar.
López sostiene que los procesos iniciados en su contra estuvieron acompañados de persecución y venganza política. Sobre el caso de la compra de gases, afirma que su actuación se limitó al cumplimiento de los decretos supremos 4116 y 4168 y que existen pruebas y fundamentos jurídicos que, según él, demostrarían que no cometió delito alguno.
Después de casi seis años fuera de Bolivia, el exministro describe las consecuencias personales de su situación y señala que no pudo acompañar a su madre en sus últimos momentos ni estar presente en el matrimonio de su hijo. También expresa su preocupación por la delicada salud de su padre.
En un tono firme, López cuestiona lo que considera una vulneración de sus derechos y afirma que ha mantenido su posición pese a los años de exilio y las dificultades que atravesó, reivindicando su dignidad y su decisión de continuar buscando una salida dentro del marco constitucional.
El exministro también menciona a otros ciudadanos bolivianos que, según señala, permanecen presos, exiliados o sometidos a medidas que consideran desproporcionadas, y plantea que la justicia debe garantizar condiciones iguales para todos.
López recuerda que otros ciudadanos que enfrentaban procesos judiciales pudieron regresar al país y recuperar su libertad, por lo que pregunta por qué ese mismo derecho no podría aplicarse a su caso.
“No pido privilegios. No pido impunidad. Pido defenderme en libertad”, sostiene en la carta.
Finalmente, solicita al Gobierno y a la Justicia que su situación sea revisada conforme a la Constitución y las leyes, sin tratos diferenciados, y que no se convierta la privación de libertad en una condena anticipada.
Con esta carta, López busca reabrir el debate sobre su situación judicial y reivindica su derecho a regresar a Bolivia y enfrentar sus procesos con la convicción de que podrá demostrar su posición ante una justicia independiente y respetuosa del debido proceso.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
