Hay escándalos que duran lo que tarda en aparecer una nueva noticia. Y hay otros que, por la gravedad de las preguntas que plantean, nos obligan a detenernos y mirar más allá del ruido político. Los audios que en las últimas semanas han generado controversia en el Gobierno boliviano, incluidas grabaciones atribuidas a un asesor presidencial y a otras personas del entorno gubernamental, plantean interrogantes que nos conllevan a observar su contenido. En ellos se mencionan decisiones policiales, posibles medidas frente a conflictos sociales, contrataciones estatales, licitaciones y designaciones en empresas públicas. Y, por supuesto, estos materiales requieren verificación técnica y contrastación con hechos y documentos.
Pero: ¿existe el pudor político? No me refiero al pudor entendido como vergüenza, apariencia o corrección social. Hablo de la conciencia de los límites que debería acompañar a toda persona que se acerca al poder, lo ejerce o participa de sus decisiones. El pudor político que comprende que no todo lo que se puede hacer debe hacerse; que no toda relación personal habilita una intervención pública y que la confianza de un gobernante jamás debería sustituir las competencias que establece lapropia ley.
En una democracia, el presidente puede rodearse de asesores, escuchar recomendaciones y confiar en personas de su entorno. Esto forma parte de la dinámica política; pero, el problema aparece cuando deja de distinguirse dónde termina el consejo y dónde comienza la intervención en decisiones que corresponden a las autoridades legalmente competentes. En el caso que hoy ocupa la atención pública, las grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo y a otras personas plantean interrogantes que deben esclarecerse. Si los diálogos fueran auténticos, correspondería determinar quiénes participaron, qué funciones desempeñaban, qué atribuciones tenían y si existió alguna intervención en decisiones estatales al margen de los procedimientos legales.
Los ministerios no son espacios para distribuir cuotas de influencia y las empresas públicas no son patrimonio de quienes tienen acceso al despacho de un mandatario. Uno de los aspectos más delicados de las grabaciones es la referencia a posibles desacuerdos sobre contrataciones y designaciones en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, el contenido de un audio, por sí solo, no demuestra que una contratación haya sido ilegal ni permite establecer responsabilidades individuales.
¿Con qué criterios se toman las decisiones que comprometen recursos públicos y quién responde por ellas? Una licitación no debería depender de la cercanía con una autoridad ni de quién considera que debió ser consultado antes de una adjudicación. Debe responder a reglas, requisitos, procedimientos transparentes y al interés público. Si existiera direccionamiento indebido, favoritismo o interferencia ilegal, la gravedad no radicaría únicamente en las personas involucradas, sino en la posibilidad de que el interés colectivo hubiese sido desplazado por intereses particulares.
Los recursos públicos no pertenecen a quienes temporalmente los administran. Pertenecen a la sociedad y deben gestionarse bajo criterios de legalidad, transparencia, eficiencia, responsabilidady resultados. Pero, a menudo confundimos el poder con la capacidad de conseguir resultados, mover personas o lograr que una decisión se adopte; sin embargo, ejercer el poder con responsabilidad también implica reconocer sus límites.
Un ministro debe responder por las decisiones de su cartera. Un funcionario debe ejercer las atribuciones que le corresponden. Un asesor debe tener claro el alcance de su función. Por eso, cuando una decisión estatal parece depender de la intervención de personas que no tienen atribuciones para adoptarla, surge un problema institucional que merece ser esclarecido, con sustento en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. No se trata de convertir sospechas en sentencias, pero tampoco de normalizar situaciones que, de confirmarse, podrían comprometer la independencia de las autoridades y la transparencia de la administración pública.
En este contexto, el pudor político consiste en comprender que hay puertas a las que se puede tener acceso sin que eso otorgue derecho a decidir qué sucede detrás de ellas. A esta controversia se suma el papel de la Fiscalía, institución llamada a esclarecer los hechos, con una investigación seria que determine la procedencia e integridad de los archivos, verificando técnicamente los audios, identificando las voces, reconstruyendo el contexto de las conversaciones, su contenido con documentos, registros administrativos y determinación de posibles responsabilidades.Investigación donde debería primar la objetividad e independencia, sin responder a presiones políticas ni convertirse en instrumento de intereses particulares. Obligación que, además, adquiere especial relevancia cuando las denuncias involucran a personas del entorno de la máxima autoridad del Estado.
La independencia institucional no solo debe existir: también debe reflejarse en actuaciones transparentes y verificables, donde investigar no signifique condenar. Mas, al contrario, signifique reconocer que, cuando existen indicios que merecen esclarecimiento, las instituciones tienen el deber de actuar con rigor y garantizar que los hechos sean examinados conforme a la ley.
Finalmente, las autoridades deben contribuir a que la ciudadanía comprenda cómo se toman las decisiones públicas y qué controles existen para impedir que los intereses particulares se impongan sobre los institucionales. En ese contexto, gobernar también es explicar: quién tiene las atribuciones para decidir, qué procedimientos se aplicaron, cuáles fueron los fundamentos de una decisión y qué mecanismos permiten examinar su legalidad.
Bolivia necesita más transparencia y menos opacidad. Necesita instituciones independientes, decisiones públicas sujetas al control ciudadano y autoridades conscientes de que el poder que ejercen es temporal y está sometido a la ConstituciónPolítica del Estado y a la ley.
Entonces, ¿existe el pudor político? Debería existir, no como una virtud decorativa ni como una exigencia de comportamiento privado, sino como una forma de responsabilidad frente al Estado y a la ciudadanía. Entendiendo que el poder no se mide por cuántas puertas puede abrir una persona, sino también por cuántas reconoce que no tiene derecho a cruzar.
Quizá esa sea la lección más importante que debemos aprender, los gobiernos cambian, los asesores cambian, los ministros cambian; pero los limites del Estado de derecho no deberían cambiar según quien este gobernando.
