Escándalo por presunta financiación irregular marca el final del mandato de Gustavo Petro
A once días de finalizar su periodo presidencial, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo señalamiento judicial relacionado con irregularidades en su campaña electoral de 2022. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una indagación preliminar contra el mandatario saliente ante las denuncias sobre la posible entrada de dineros ilícitos y la superación de los topes de gastos permitidos por la ley.
La investigación tiene su origen en las declaraciones de Euclides Torres, empresario señalado como financiador de la campaña, y en los audios revelados por el exembajador Armando Benedetti. Estos elementos sugieren la existencia de una estructura de financiación paralela que habría evadido la fiscalización del Consejo Nacional Electoral. La justicia busca determinar si estos recursos fueron ingresados de manera ilegal para fortalecer la candidatura del Pacto Histórico, contraviniendo las normas de transparencia electoral vigentes en el país.
El alto tribunal ha solicitado formalmente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que asuma la competencia del caso, debido a que el sujeto de la investigación ostenta la dignidad de jefe de Estado. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral continúa con su propio proceso administrativo tras hallar pruebas que indicarían que la campaña superó los límites de gasto establecidos, lo cual constituye una infracción a las regulaciones de la democracia representativa.
Este proceso judicial se suma a una serie de cuestionamientos que han marcado la administración actual, centrados en el manejo de los recursos públicos y la integridad de las campañas electorales. La apertura de esta indagación en la etapa final de su mandato subraya la relevancia de los mecanismos de control institucional en la fiscalización de los fondos destinados a la actividad política y su impacto en la legitimidad de las instituciones democráticas.
