Empresario denunciado por Tapia niega nexos con fotomultas y desmiente presiones por cámaras en CEAMSE
Claudio Tapia, presidente de la AFA y director de la CEAMSE, presentó una denuncia penal contra el empresario Leandro Camani, titular de Secutrans S.A., junto a los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, por una presunta maniobra de extorsión vinculada al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Según el escrito de 20 páginas presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro a través del abogado Gregorio Dalbón, el conflicto se originó entre agosto y septiembre de 2025 cuando Camani solicitó oficialmente autorización para instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por la CEAMSE, un pedido que Tapia rechazó de manera expresa y categórica por considerar que implicaba manejar un flujo de fondos estatal de alto impacto económico.[6][4]
Tras la negativa, Tapia alega que las gestiones legítimas derivaron en presiones directas, mensajes intimidatorios a través de intermediarios que advertían con activar falsas denuncias penales si no se habilitaba el negocio, filmaciones con drones sobre domicilios particulares, exposición de espacios privados, filtraciones de datos judiciales y una operación mediática coordinada como represalia. Dalbón describió la secuencia como una maniobra de extorsión estructurada: pedido económico concreto, negativa legítima y activación de denuncias penales y campaña mediática para presionar decisiones institucionales. Tapia solicitó allanamientos en viviendas y lugares de trabajo de Camani, Yofe y Del Gaiso, así como el secuestro de equipos electrónicos para peritajes informáticos.[6][4][1]
En respuesta, el 28 de enero de 2026, Camani presentó un escrito ante la Justicia negando categóricamente todos los cargos y cualquier nexo con el negocio de las fotomultas en el contexto alegado por Tapia. Camani sostiene que no existe prueba concreta que lo relacione con presiones, amenazas u operaciones mediáticas, y que las acusaciones se basan en una narración sin datos, fechas, testigos ni comunicaciones específicas. Precisa que Secutrans S.A. opera cerca de 100 cámaras en municipios como Hurlingham, Malvinas Argentinas y Escobar, pero enfatiza que el CEAMSE no tiene injerencia en la autorización de radares o cámaras de fotomultas, ya que esas decisiones corresponden exclusivamente a los municipios o al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.[6]
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre irregularidades en el sistema de fotomultas y Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Buenos Aires, donde Camani actúa como denunciante. En su presentación judicial, estimó que solo el 2% de las multas se pagan por canales legales, dejando unas 340.000 infracciones mensuales potencialmente en circuitos irregulares con un volumen aproximado de 60.000 millones de pesos por mes, lo que habría habilitado una red de gestores que anulaban infracciones a cambio de hasta el 50% del valor de la multa. El fiscal Camafreita investiga a Camani tanto por su rol como denunciante como por presunto financiamiento de aprietes atribuidos a Yofe. Tapia vincula el episodio a antecedentes similares que involucraron a Camani, como la renuncia del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por tensiones en el control de fotomultas.[6][3][1][5]
