El Tribunal de Cuentas valida la gestión del Gobierno pero advierte sobre la complejidad de la ejecución presupuestaria
El Tribunal de Cuentas ha publicado su informe de fiscalización relativo a la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2022. El documento concluye que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del sector público estatal. El órgano fiscalizador destaca la complejidad de la gestión presupuestaria durante el año analizado, influida por la persistencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica y el despliegue de los fondos europeos.
El informe detalla que el nivel de ejecución presupuestaria alcanzó el 88,4 por ciento en lo que respecta a las obligaciones reconocidas netas. El organismo supervisor señala que la ejecución de los créditos presupuestarios ha estado condicionada por el ritmo de implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se advierte de que el volumen de transferencias pendientes de pago presenta cifras significativas, lo que requiere un seguimiento más riguroso en los ejercicios venideros para garantizar la eficacia del gasto público.
Respecto a la contratación pública, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de mejorar la transparencia en los procesos de licitación realizados bajo procedimientos de emergencia. Aunque reconoce que la excepcionalidad de la situación económica justificó en su momento el uso de mecanismos ágiles, el órgano insiste en que, superado el periodo crítico, es imperativo retomar los cauces de fiscalización ordinarios y competitivos. La recomendación se centra en reducir la discrecionalidad y fortalecer los mecanismos de control interno en las contrataciones de mayor cuantía.
En cuanto al sector público empresarial, el informe detecta deficiencias en la rendición de cuentas de determinadas sociedades estatales. El Tribunal ha requerido una mayor homogeneización en los criterios contables utilizados por las distintas entidades para facilitar el análisis consolidado. Asimismo, se hace especial mención a la estructura financiera de ciertas empresas públicas, sugiriendo un ajuste en la gestión de sus costes operativos para evitar la dependencia estructural de las aportaciones del Tesoro Público.
El documento finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a los ministerios responsables y a la Intervención General de la Administración del Estado. Estas orientaciones instan a optimizar los sistemas de información financiera y a reforzar la auditoría previa para detectar posibles desviaciones antes de la ejecución de los pagos. El Tribunal de Cuentas subraya que, aunque no se han detectado irregularidades de carácter ilícito en los fondos examinados, la eficiencia administrativa debe ser el objetivo prioritario para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas españolas.
