El sector de la hostelería advierte que la ampliación de la ley antitabaco podría destruir 300.000 empleos y cerrar 30.000 bares
El sector de la hostelería en España ha manifestado su firme oposición a los planes del Ministerio de Sanidad para endurecer la actual ley antitabaco. Representantes de los empresarios del sector han advertido que la prohibición de fumar en las terrazas y otros espacios al aire libre podría acarrear consecuencias económicas severas para el tejido productivo. Según las estimaciones realizadas por las organizaciones patronales, la implementación de estas medidas restrictivas pondría en riesgo la continuidad de 30.000 bares y restaurantes en todo el país.
El impacto sobre el mercado laboral se cifra en la pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Esta contracción del empleo afectaría de manera directa a un sector que constituye uno de los pilares fundamentales de la economía española. Los empresarios sostienen que la prohibición de fumar en terrazas disuade a una parte significativa de la clientela, lo cual impacta negativamente en los ingresos diarios de los establecimientos. A esta situación se añade el hecho de que muchos negocios realizaron inversiones económicas considerables para adaptar sus locales a la normativa vigente tras la pandemia, adecuando sus terrazas para cumplir con las exigencias sanitarias de aquel momento.
La patronal del sector ha solicitado al Ejecutivo que considere el impacto económico de estas regulaciones antes de proceder con su aprobación. El argumento principal de los hosteleros es que la imposición de nuevas restricciones sin un análisis detallado de la viabilidad de los negocios podría derivar en una destrucción masiva de empresas y empleos en un sector ya tensionado por otros factores económicos. El sector insiste en la necesidad de encontrar un equilibrio entre los objetivos de salud pública y la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para mantener su actividad económica y el empleo que generan. La situación actual, según los datos proporcionados por las organizaciones representativas, sitúa a gran parte de la hostelería en una posición de vulnerabilidad ante la posible entrada en vigor de la nueva normativa.
