El salario mínimo promete dignidad pero entrega exclusión
El reciente ajuste del salario básico unificado en Ecuador a 482 dólares mensuales para 2026, con un incremento de 12 dólares respecto a los 470 dólares de 2025, se presentó como un avance hacia la dignidad laboral. Sin embargo, los datos históricos revelan un patrón claro de exclusión laboral que contradice esa promesa.
En los últimos años, los incrementos salariales han superado sistemáticamente la productividad laboral. Entre 2017 y 2025, el salario mínimo creció un 28 por ciento, pasando de 380 a 470 dólares, mientras que la productividad por hora trabajada aumentó solo un 7 por ciento. Esta desconexión genera costos laborales que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, no pueden absorber sin consecuencias.
El resultado es predecible y verificable: destrucción de empleo formal. Cuando Argentina elevó su salario mínimo un 130 por ciento entre 2017 y 2019, el empleo registrado en pymes cayó un 7,3 por ciento. En México, tras un aumento del 20 por ciento en 2019, se perdieron 223.000 empleos formales. En Ecuador, el alza del 47 por ciento entre 2014 y 2017 coincidió con la pérdida de 300.000 puestos formales y un estancamiento de la productividad en 1,6 dólares por hora, por debajo del promedio regional de 6 dólares.
Estos datos económicos demuestran que forzar incrementos por encima de la productividad no eleva el bienestar general. Al encarecer la contratación, empuja a trabajadores calificados hacia la informalidad, donde no hay prestaciones ni protección social, y reduce oportunidades para los no calificados. Estudios del Banco Mundial confirman que salarios mínimos excesivos, superiores al 40-50 por ciento de la mediana salarial, incrementan el desempleo juvenil y femenino hasta en 2,5 puntos porcentuales.
En Ecuador, el nuevo salario de 482 dólares representa el 65 por ciento de la mediana salarial, un nivel que históricamente ha llevado a mayor informalidad. La informalidad laboral supera el 60 por ciento, y los incrementos salariales han profundizado esta brecha al desincentivar la formalización.
La alternativa racional reside en políticas que alineen salarios con productividad: inversión en capital humano, reducción de regulaciones laborales rígidas y libertad para que el mercado determine remuneraciones basadas en valor generado. Países como Chile y Nueva Zelanda, con mínimos cercanos al 45-50 por ciento de la mediana salarial, mantienen tasas de empleo formal superiores al 70 por ciento y productividad por encima de 20 dólares por hora.
Datos verificables muestran que el salario mínimo no es un mecanismo eficaz para combatir la pobreza. En Estados Unidos, solo el 4,8 por ciento de los trabajadores hourly ganan el mínimo federal, y la mayoría salen de esa categoría en menos de un año. En cambio, elevar la productividad mediante educación y tecnología multiplica ingresos reales sin excluir a los más vulnerables.
El consenso alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para 2026 evita imposiciones unilaterales, pero ignora la lección económica fundamental: salarios desconectados de la productividad prometen dignidad y entregan exclusión. Solo alineando ambos se genera empleo sostenible y prosperidad inclusiva.
