El riesgo institucional de la reforma a la Ley de Tierras y la advertencia de Elisa Carrió
Elisa Carrió cuestionó públicamente la propuesta de reforma a la Ley de Tierras al considerar que la iniciativa constituye una delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Según la dirigente, otorgar al gobierno la potestad discrecional para definir aspectos centrales sobre la tenencia y administración de tierras implica una vulneración de los límites constitucionales y un riesgo para la seguridad jurídica.
El eje central de la objeción radica en la naturaleza de los bienes afectados. La ley vigente establece restricciones y controles sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras bajo el principio de proteger el recurso como un activo estratégico y soberano. La modificación proyectada habilitaría al Ejecutivo a alterar estos márgenes mediante decretos o resoluciones, lo cual, bajo el análisis expuesto, representa una delegación de poder inadmisible sobre un bien esencial.
La postura de Carrió sostiene que la propiedad privada y la regulación de los recursos naturales deben regirse por leyes debatidas y sancionadas por el Congreso, evitando que la administración central disponga de facultades extraordinarias para modificar las condiciones de acceso y titularidad. Este enfoque enfatiza la necesidad de mantener el control legislativo para garantizar la previsibilidad del marco normativo.
La advertencia subraya que la transferencia de facultades del Legislativo al Ejecutivo en esta materia podría derivar en una arbitrariedad normativa. La crítica se centra en la inconstitucionalidad de ceder competencias que, por su impacto en la economía y la soberanía del recurso tierra, requieren del aval parlamentario para asegurar el equilibrio de poderes y la transparencia en la gestión de los activos nacionales.
