El PSPV cuestiona la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales al denunciar falta de diálogo con el sector
El grupo parlamentario socialista en Les Corts ha manifestado su rechazo a la reciente reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana impulsada por el Consell. La formación critica que el Ejecutivo autonómico ha tramitado esta modificación legislativa sin contar con el consenso de los agentes afectados, lo que según los portavoces socialistas supone un desprecio hacia los diez mil profesionales que integran este cuerpo en la región.
El núcleo de la controversia reside en el procedimiento utilizado por el Gobierno valenciano para introducir estos cambios normativos. El PSPV asegura que la reforma se ha ejecutado de manera discreta y sin los cauces de interlocución necesarios con los representantes sindicales y los propios policías locales. Esta falta de transparencia en la tramitación es señalada por el grupo de la oposición como una vulneración de las formas administrativas adecuadas para abordar una materia que afecta directamente a las condiciones laborales y operativas de un colectivo numeroso.
Desde el grupo socialista se enfatiza que la labor de los diez mil policías locales es un pilar fundamental para la seguridad en los municipios. Bajo esta premisa, exigen que cualquier modificación en la normativa que regula sus funciones, derechos y deberes debe fundamentarse en un proceso previo de negociación colectiva. La crítica se centra en que el Consell ha optado por una vía de reforma que evita el debate público y el contraste de pareceres técnicos, lo que ha generado malestar en el sector y la respuesta política del PSPV en la cámara autonómica.
La postura del grupo parlamentario es solicitar la paralización de este método de trabajo y la apertura de una mesa de diálogo que incorpore las aportaciones de los profesionales. El planteamiento del PSPV pone el foco en la necesidad de que los cambios legislativos en el ámbito de la seguridad local sean fruto de un consenso institucional que asegure la estabilidad y el reconocimiento de la plantilla, frente a la actual estrategia del Ejecutivo regional que el grupo de la oposición tilda de unilateral.
