El juez ratifica la investigación sobre los contratos de la pareja de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha confirmado la condición de investigada para la expareja de José Luis Ábalos en el marco del procedimiento judicial que examina posibles irregularidades en su contratación por parte de organismos vinculados al Ministerio de Transportes durante el mandato del exministro. La resolución judicial desestima los recursos presentados por la defensa, que solicitaban el archivo de la causa contra la mujer, manteniendo vigente la instrucción sobre dos contratos específicos que fueron adjudicados bajo la supervisión de entidades dependientes de la cartera ministerial.
La investigación se centra en dos empleos públicos que la implicada ocupó de manera sucesiva tras su relación sentimental con Ábalos. El primer contrato fue suscrito por la empresa pública Ineco, especializada en ingeniería y consultoría, mientras que el segundo vínculo laboral se estableció con Tragsa, empresa perteneciente al grupo estatal SEPI. Los informes preliminares y la documentación analizada por el magistrado sugieren la existencia de indicios suficientes para profundizar en la legalidad de estos procesos de selección y en la posible influencia ejercida para facilitar su contratación.
El juez ha rechazado los argumentos de la defensa, que sostenía la inexistencia de elementos delictivos en la conducta de la investigada. En su resolución, el instructor subraya que los hechos narrados requieren de una fase probatoria para determinar si existió una gestión irregular o una vulneración de las normativas vigentes en la contratación pública. La decisión judicial pone el foco en la naturaleza de los procedimientos administrativos seguidos en ambas empresas estatales y busca esclarecer si concurrieron las condiciones necesarias para que la encausada obtuviera dichos puestos de trabajo en el contexto de sus relaciones personales con el entonces titular del Ministerio.
La causa se mantiene abierta para analizar la documentación remitida por las entidades implicadas y los testimonios recabados. El tribunal mantiene la necesidad de esclarecer si las adjudicaciones de los contratos siguieron los cauces reglamentarios establecidos para el sector público o si, por el contrario, se utilizaron estructuras administrativas para favorecer a la persona investigada. El procedimiento continuará con la práctica de nuevas diligencias orientadas a verificar la trazabilidad de los contratos y la adecuación de la candidata a los perfiles profesionales exigidos en cada convocatoria.
