El impacto de la desregulación y la inflación en el mercado de alquileres de CABA
El mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una transformación marcada por el reciente cambio en la normativa de alquileres, lo cual ha generado un incremento en la oferta de propiedades pero, al mismo tiempo, ha expuesto la fragilidad del poder adquisitivo de los inquilinos. Según datos relevados por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, los valores de los contratos de locación han experimentado aumentos significativos, mientras que los ingresos familiares no han logrado acompañar la dinámica inflacionaria. El informe destaca que el peso del alquiler en los ingresos de los hogares ha alcanzado niveles críticos, agravando la situación de pobreza entre quienes deben destinar una parte desproporcionada de sus salarios al cumplimiento del contrato de vivienda.
El análisis técnico señala que la oferta de unidades disponibles ha crecido tras la derogación de la anterior ley de alquileres, lo cual inicialmente sugería una normalización del sector. Sin embargo, los valores iniciales de los contratos se han ajustado a los niveles de inflación, provocando que el costo de vida para el segmento inquilino sea elevado en términos reales. La desvinculación entre los salarios y el valor de mercado de los inmuebles es, según los especialistas, el factor central que explica la caída en el bienestar de las familias. Los datos reflejan que, independientemente de la disponibilidad de inmuebles, la restricción presupuestaria de los trabajadores impide el acceso a condiciones de vivienda que guarden relación con el costo de la canasta básica. Esta tendencia pone de manifiesto que el equilibrio del mercado no solo depende de la cantidad de oferta disponible, sino también de una política económica que logre estabilizar la moneda y recomponer el valor real de los ingresos laborales. El fenómeno actual en CABA evidencia que, en ausencia de estabilidad macroeconómica, la liberalización del mercado genera una mayor disponibilidad de oferta, pero no garantiza automáticamente una accesibilidad económica para los sectores asalariados.
