El Gobierno aprueba una prestación extraordinaria para trabajadores afectados por el incendio de Valencia
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una prestación extraordinaria de Seguridad Social para los trabajadores y las empresas afectados por el incendio ocurrido en el barrio de Campanar de Valencia el pasado mes de febrero. Esta medida, recogida en un real decreto ley, busca paliar los efectos económicos derivados de la destrucción total o parcial de los centros de trabajo donde los empleados prestaban sus servicios.
La ayuda consiste en una prestación de incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo, lo que garantiza una cobertura del 75 por ciento de la base reguladora desde el día siguiente al siniestro. Los trabajadores por cuenta ajena, así como los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad debido a la destrucción de su negocio, podrán beneficiarse de esta cobertura durante un periodo máximo de tres meses.
El real decreto también establece bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que mantengan los contratos de trabajo afectados. Estas bonificaciones ascienden al 100 por ciento de la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta durante el tiempo que dure la suspensión o reducción de jornada.
El texto legal permite que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, facilitando el acceso a estas ayudas sin necesidad de acreditar un impacto económico derivado de la caída de actividad, sino basándose directamente en la imposibilidad física de continuar con la operación en los locales siniestrados.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social serán las encargadas de tramitar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Esta prestación es compatible con otras ayudas públicas o indemnizaciones que puedan percibir los afectados por parte de compañías aseguradoras o administraciones locales y autonómicas. El Gobierno justifica esta intervención mediante la figura del real decreto ley alegando la urgencia y la necesidad de dar una respuesta inmediata a los trabajadores y negocios que perdieron su estructura productiva a causa del incendio.
