El Departamento de Agricultura estima un fraude de 1.100 millones de dólares en el programa de asistencia alimentaria suplementaria durante la administración Trump
Un informe reciente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha determinado que el programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria, conocido como SNAP, registró un nivel de pagos indebidos y fraude estimado en 1.100 millones de dólares durante el periodo correspondiente a la administración del expresidente Donald Trump. La investigación se centró en evaluar la integridad operativa del programa y los mecanismos de control existentes para prevenir la malversación de fondos públicos.
Los hallazgos indican que la mayor parte de las pérdidas fueron resultado de una combinación de errores administrativos y actividades fraudulentas cometidas por parte de los beneficiarios y terceros. El documento detalla que las deficiencias en la supervisión estatal y federal facilitaron que individuos no elegibles obtuvieran acceso a beneficios destinados a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica. El informe señala que la falta de sistemas integrados de verificación de datos impidió que las agencias identificaran a tiempo a los solicitantes que superaban los umbrales de ingresos establecidos.
El análisis expone que las pérdidas de 1.100 millones de dólares representan un porcentaje significativo del presupuesto gestionado por el programa en aquel entonces. Los auditores destacaron que la falta de coordinación entre las bases de datos estatales y los registros federales permitió que personas fallecidas o ciudadanos con ingresos superiores a los permitidos continuaran recibiendo transferencias económicas. La auditoría recomienda la implementación de sistemas de inteligencia de datos más rigurosos para cruzar información en tiempo real, con el fin de asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.
La gestión de este programa bajo la administración Trump estuvo marcada por una tensión entre la intención de reducir la burocracia y la necesidad de mantener controles de cumplimiento. El informe concluye que, si bien se introdujeron cambios para agilizar el acceso a la ayuda alimentaria, no se establecieron simultáneamente las salvaguardas tecnológicas necesarias para auditar la legitimidad de las solicitudes presentadas. El Departamento de Agricultura ha indicado que está trabajando en un nuevo protocolo para la recuperación de los fondos identificados como perdidos y en el endurecimiento de los requisitos de verificación de identidad para prevenir futuras irregularidades.
