El chavismo aprueba reforma que desmantela su política petrolera con oposición de la Asamblea
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en primera discusión una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que altera sustancialmente el marco legal del sector petrolero vigente durante más de dos décadas. Esta iniciativa habilita a empresas privadas, locales y extranjeras, a explorar, producir y comercializar petróleo con mayor independencia del Estado, flexibiliza el régimen fiscal y elimina obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la estatal PDVSA en todos los proyectos[13][1][4]. Con la nueva propuesta, las compañías podrán operar campos petroleros por cuenta propia mediante contratos con la estatal, incluso sin control accionario, y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo[1][3][5].
Durante el debate parlamentario, el titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa con un mensaje dirigido a atraer capitales. La reforma introduce un régimen de regalías más flexible, permitiendo al Ejecutivo reducirlas hasta el 15% desde el 33% vigente para proyectos especiales o de alta complejidad técnica, una concesión clave para campos maduros o desarrollos que demanden grandes inversiones iniciales. El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, presentó un resumen del texto y sostuvo que son campos que requieren inversiones importantes, pero para lograrlas debe haber flexibilidad en las regalías[1][4][9].
Otro cambio relevante es la incorporación de mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las petroleras extranjeras tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos realizadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Abogados y analistas han advertido que la reforma entra en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector, y que su aplicación requerirá derogar o modificar leyes aprobadas en el ciclo chavista[1].
La reforma se aprobó sin el voto de la oposición, que alegó no haber tenido acceso al proyecto para su análisis y expresó resistencia durante el proceso. Se prevé una segunda discusión en el Parlamento para su aprobación definitiva[13][4]. La iniciativa fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien anunció el 15 de enero este proyecto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, en un contexto de presión internacional y acuerdos con la administración Trump para facilitar la venta de crudo venezolano y un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria energética[3][9][1].
Delcy Rodríguez aseguró que los ingresos de Venezuela se incrementarán en un 37% en 2026, con una transferencia inicial de 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo. Economistas han señalado que solo una apertura prolongada a la inversión extranjera puede sostener ese alivio, dado que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. La reforma busca revertir ese deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo y enviando una señal clara a los mercados[1][13]. La ley de 2006 establecía que las actividades petroleras solo se podían ejercer por intermedio del Estado con empresas de su propiedad o por empresas mixtas donde el Estado tuviera mayoría, lo que cambia totalmente con esta propuesta[4].
