El balance de una legislatura marcada por la falta de capacidad ejecutiva y la parálisis normativa
La actual legislatura española atraviesa una fase de estancamiento legislativo que refleja una profunda debilidad estructural en el ejercicio del gobierno. Los datos sobre la producción normativa confirman una caída significativa en la capacidad del ejecutivo para implementar reformas, pasando de una etapa inicial de intensa actividad parlamentaria a una parálisis casi absoluta en la actualidad. Este fenómeno no responde únicamente a la aritmética parlamentaria, sino a la falta de un proyecto de país coherente y a la incapacidad para gestionar las alianzas necesarias para consolidar una agenda de gobierno estable.
El análisis de la actividad en las Cortes arroja una realidad de bloqueo institucional. El número de leyes aprobadas durante los últimos meses ha alcanzado mínimos históricos, un indicador claro de que el ejecutivo ha perdido la iniciativa política. Esta inoperancia se manifiesta tanto en la gestión de los Presupuestos Generales del Estado, que han sido prorrogados, como en la incapacidad para sacar adelante reformas estructurales que permitan mejorar la productividad, la competitividad o la eficiencia del sector público.
La estrategia de supervivencia política ha sustituido a la gestión. El gobierno ha optado por un modelo de gobernanza basado en el cortoplacismo y en la cesión constante ante sus socios parlamentarios, lo que ha generado una fragmentación normativa que impide alcanzar consensos amplios. Esta dinámica ha provocado que la agenda del Estado se encuentre supeditada a las exigencias de minorías parlamentarias, en lugar de atender a las necesidades económicas y sociales del país mediante un marco jurídico estable y previsible.
La parálisis también se extiende a la esfera de la transparencia y la calidad democrática, puesto que el uso recurrente de decretos ley durante los periodos de mayor actividad fue sustituido por un vacío legislativo cuando las mayorías se tornaron inciertas. La ausencia de un plan de reformas sólido, respaldado por datos económicos objetivos y un horizonte de gestión a largo plazo, ha dejado a la administración en una situación de inercia preocupante. La falta de capacidad ejecutiva no es una circunstancia aislada, sino la consecuencia directa de una gobernanza que prioriza el mantenimiento del poder sobre la responsabilidad de implementar las políticas que el escenario económico actual exige.
