Diez bolsas de comida y arresto domiciliario: indignación por decisión judicial en caso de presunto biocidio en Santa Cruz

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La determinación judicial reaviva el debate sobre la Ley 700 y genera reclamos de activistas que exigen sanciones más severas por maltrato animal.

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📷. RRSS

La decisión de la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua, que dispuso arresto domiciliario y la entrega de 10 bolsas de alimento para mascotas como medida sustitutiva contra Mauricio Calderón Alvarado, imputado por un caso de presunto biocidio y maltrato animal en la ciudad de Santa Cruz, provocó una ola de indignación ciudadana y rechazo de colectivos defensores de los derechos de los animales.

La resolución fue emitida este jueves 22 de enero, en audiencia cautelar, en el marco de un proceso penal que investiga la muerte de una perrita llamada Dida y las graves lesiones ocasionadas a otro can, Fofy, hechos ocurridos en el barrio Amboró. Según los antecedentes incorporados al caso, existen informes veterinarios, testimonios vecinales y otros elementos que forman parte de la investigación en curso.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, la autoridad judicial consideró la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, decisión que fue recibida con fuerte cuestionamiento por parte de activistas y organizaciones animalistas, quienes sostienen que la sanción impuesta no guarda proporción con el daño causado y envía un mensaje de permisividad frente a delitos de extrema violencia contra seres sintientes.

Desde distintos sectores se advirtió que este tipo de resoluciones debilitan el efecto disuasivo de la Ley 700, norma destinada a proteger a los animales contra el maltrato y el biocidio. En ese contexto, colectivos ciudadanos y defensores de los derechos animales volvieron a exigir la modificación y fortalecimiento de dicha ley, demandando penas más severas y criterios judiciales más estrictos que garanticen justicia efectiva.

La decisión judicial, lejos de cerrar el caso, ha dejado una profunda sensación de impunidad en amplios sectores de la población, que demandan respuestas más firmes del sistema de justicia y una protección real para quienes no pueden defenderse por sí mismos.

INFORME. CYNTHIA DURÁN G.

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