La defensa legal del expresidente Evo Morales rechazó el juicio oral instalado en Tarija por el presunto delito de trata de personas con agravante, caso vinculado a una investigación sobre una supuesta relación con una menor de edad, argumentando que el proceso presenta irregularidades procesales, vulneraciones al debido proceso y deficiencias en la notificación judicial.
Tras la inasistencia de Morales a la audiencia de juicio oral, el tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión en su contra, intensificando así el proceso judicial.
El abogado Wilfredo Chávez afirmó que el caso estaría “viciado desde su origen”, señalando que Morales no fue legalmente notificado para comparecer, motivo por el cual cuestionó la declaratoria de rebeldía emitida por el tribunal tras su inasistencia a la audiencia.
Según la defensa, la citación mediante edictos fue improcedente debido a que el domicilio del exmandatario sería conocido y registrado oficialmente, por lo que consideran que varias actuaciones judiciales posteriores podrían carecer de validez.
Asimismo, el equipo jurídico sostuvo que no existiría una víctima que sustente la acusación, insistiendo en que el proceso tendría motivaciones políticas.
Por su parte, la Fiscalía sostiene una acusación formal basada en 128 pruebas documentales, 39 testigos y una prueba pericial de ADN, elementos con los cuales busca demostrar la presunta comisión del delito y obtener una condena de hasta 20 años de prisión.
El Ministerio Público argumenta que existen suficientes elementos para sustentar la causa, mientras la defensa anticipó que buscará impugnar pruebas, cuestionar su legalidad y presentar recursos constitucionales para intentar frenar el avance del juicio.
El caso mantiene alta repercusión política y judicial, tanto por la gravedad de las acusaciones como por el impacto que podría tener sobre el futuro político del exmandatario y la polarización nacional.
