El autor es Licenciado en Economía por la UMSA. Doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina). Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
Bolivia está en la antesala de una aguda crisis energética debido a la dramática caída de las reservas de gas. Pasamos de exportador de gas natural a Brasil y Argentina, a potencial importador de este energético.
Durante muchos años, el gas natural fue uno de los principales motores de la economía boliviana. Generó divisas, ingresos fiscales, regalías, exportaciones y recursos para financiar el desarrollo nacional.
Sin embargo, no se aseguró la continuidad de esa riqueza mediante nuevas inversiones.
Debemos decirlo con claridad: las autoridades gubernamentales que nada hicieron por reponer nuestras reservas de gas -y no por falta de recursos- deben ser procesadas.
Hace pocos días, la diputada oficialista Claudia Bilbao señaló con toda claridad que los responsables por el daño económico durante los gobiernos del MAS, deben responder ante la justicia, sin escudarse en supuestas denuncias de persecución política.
La profunda crisis energética que sufre el país, que se expresa por la caída de las reservas de gas natural, nos hace dependientes de las importaciones de este carburante, a lo que debemos sumar los insostenibles subsidios, que se transformaron en un serio riesgo para la economía y la estabilidad social.
Aproximadamente dos tercios de la generación de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional provienen de centrales termoeléctricas, que funcionan predominantemente con gas natural. El tercio restante corresponde a fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, además de energía solar y eólica. Esta elevada dependencia del gas representa un riesgo para la seguridad energética del país. Si no descubrimos nuevas fuentes de abastecimiento, podemos llegar a situaciones insostenibles.
Asegurar la provisión de energía en el país no solo es garantizar la existencia de combustibles como gasolina o diésel; también significa que los centros médicos, hospitales, industrias, empresas y los hogares tengan garantizado el suministro de energía eléctrica.
El problema no surgió de la noche a la mañana. Durante años se privilegiaron los ingresos provenientes de los hidrocarburos sin garantizar inversiones suficientes para reponer las reservas consumidas. La exploración perdió dinamismo y los resultados de los nuevos proyectos no consiguieron revertir el declive productivo. Bolivia aprovechó la riqueza del gas, pero no logró asegurar su continuidad.
Las reservas de gas del país cayeron dramáticamente en los últimos años, descendiendo de 10,45 trillones de pies cúbicos en 2013 a 3,7 TCF en 2025
Nuestro modelo energético ha dependido de subsidios estatales que se han vuelto cada vez más difíciles de sostener. El Estado debe importar crecientes volúmenes de combustibles a precios internacionales y comercializarlos internamente a precios subsidiados. Esta diferencia representa una fuerte presión sobre las finanzas públicas y las reservas internacionales, en un contexto de escasez de divisas y menores ingresos por exportaciones de gas
Las políticas hidrocarburíferas aplicadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo no lograron generar las condiciones necesarias para atraer suficientes inversiones de riesgo destinadas a la exploración y reposición de reservas Ahora la tarea es ardua: buscar inversionistas y convencerlos de que lleguen al país. Y, todo es urgente. No podemos darnos el lujo de demorar las acciones necesarias.
Las estadísticas del sector muestran un deterioro estructural de los hidrocarburos. Desde 2015, la producción de gas natural cayó en más del 50%, mientras que la renta petrolera también experimentó una reducción significativa. Esta situación refleja el agotamiento progresivo de los principales campos productores, la insuficiente reposición de reservas y la menor capacidad del país para generar divisas mediante la exportación de gas
Los gobiernos del MAS solo buscaron administrar la riqueza proveniente de la venta del gas natural, sin preocuparse en la reposición de las reservas gasíferas. Espantaron a los inversores y la petrolera estatal no hizo nada por llenar el vacío que dejaron los privados.
El régimen fiscal aplicado al sector hidrocarburífero boliviano establece una participación estatal elevada. Si bien permitió incrementar los ingresos públicos durante el periodo de auge de los precios internacionales, también es necesario evaluar si las condiciones tributarias y contractuales ofrecen incentivos suficientes para atraer inversiones de riesgo destinadas a la exploración y el desarrollo de nuevos campos.
El régimen fiscal establecido por la Ley de Hidrocarburos de 2005 y las posteriores políticas de nacionalización y contratación durante los gobiernos del MAS configuraron un esquema de elevada participación estatal en la renta hidrocarburífera. Es necesario revisar estas condiciones para generar incentivos que permitan atraer capital privado destinado a la exploración y explotación
Como lo remarcó el presidente Paz, el país tiene un potencial hidrocarburífero y puede volver a atraer inversiones importantes, pero es necesario un marco legal que viabilice los proyectos desde el punto de vista económico. Y no tenemos tiempo que perder.
