La Central Obrera Boliviana (COB) presentó este 16 de junio una “Conminatoria y Planteamiento para la Pacificación y la Recuperación del País”, documento dirigido al presidente Rodrigo Paz Pereira que contiene una serie de demandas políticas, económicas, sociales y laborales como condición para avanzar en un proceso de diálogo en medio de los 46 días de conflicto y bloqueos.
El documento, firmado por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo Mamani, solicita una respuesta inmediata del Gobierno y plantea la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y de la no judicialización de las protestas. Asimismo, exige que cualquier negociación se desarrolle bajo una agenda pública, con plazos definidos, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento.
Entre los principales puntos del pliego se encuentra el rechazo a proyectos de ley considerados restrictivos para las movilizaciones sociales, la suspensión de procesos que la organización considera vinculados a la criminalización de la protesta y la revisión de casos de personas detenidas durante el conflicto.
La COB también plantea la aprobación de una norma de “cumplimiento programático” para que presidentes, gobernadores y alcaldes rindan cuentas sobre sus promesas de campaña y compromisos de gestión. En ese marco, solicita que la Asamblea Legislativa trate con prioridad una propuesta legislativa relacionada con el control social y el cumplimiento de programas de gobierno.
En materia económica, el documento rechaza cualquier proceso de privatización o concesión de empresas públicas estratégicas y pide transparencia en negociaciones de financiamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, propone avanzar hacia un pacto fiscal que incremente la participación de gobernaciones y alcaldías en la distribución de recursos.
Uno de los puntos que genera mayor repercusión política es la solicitud de investigar la participación del estratega argentino Fernando Cerimedo en funciones de asesoramiento dentro del Gobierno. La COB pide su alejamiento de cualquier espacio de decisión estatal y la conformación de una comisión legislativa especial para investigar presuntas irregularidades relacionadas con los casos denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”.
En el área de hidrocarburos, la organización exige mantener sin cambios los precios de los combustibles y plantea auditorías técnicas independientes sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de carburantes. Asimismo, solicita mecanismos de compensación para personas que hubieran resultado afectadas por combustibles presuntamente adulterados o problemas en la distribución.
El pliego también incorpora demandas vinculadas a la protección de la canasta familiar, control de precios, estabilidad laboral y mejoras en el sistema de jubilación. Entre sus propuestas figura la creación de un fondo soberano que permita fortalecer las pensiones de distintos sectores laborales.
Finalmente, la COB plantea que cualquier ley, decreto o medida económica de impacto nacional sea previamente socializada con organizaciones sociales, juntas vecinales y sectores afectados. En su declaración final, la organización sostiene que la pacificación del país debe construirse mediante el diálogo y la atención de las demandas planteadas, rechazando lo que considera procesos de estigmatización y persecución política.
La presentación de este documento se produce mientras diferentes sectores impulsan nuevas iniciativas de diálogo para buscar una salida al conflicto que afecta a varias regiones del país desde hace más de seis semanas.
