Catatumbo: El Abandono del Estado, la Frontera Santuario y el Factor Internacional
Lo que ocurre hoy en el Catatumbo no es un episodio más del conflicto armado colombiano. Es la confirmación de un fracaso estatal prolongado y estructural que ha convertido esta región fronteriza en un santuario para grupos armados ilegales, con consecuencias humanitarias y económicas devastadoras. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los municipios del Catatumbo alcanza el 41,4%, muy por encima del promedio nacional del 14,1%. En las zonas rurales, que representan el 67,2% del territorio, esta cifra se acerca al 50%. La presencia estatal es casi inexistente: no hay servicios públicos efectivos, ni infraestructura básica, ni control territorial real. Esta vacuidad ha permitido que el Catatumbo se convierta en un corredor privilegiado para economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción de madera, financiando a organizaciones como el ELN y disidencias de las FARC.
Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias se han intensificado desde finales de 2025, generando desplazamientos masivos y confinamientos. Más de 54.000 personas han sido desplazadas forzosamente, y 32.000 permanecen confinadas. Las pérdidas económicas en la región son incalculables, afectando cultivos, ganadería y comercio local. El Ejército Nacional ha intervenido destruyendo más de 2.645 artefactos explosivos del ELN, desminando campos de minas antipersona donde resultaron heridos dos militares y tres civiles, y hallando caletas de armamento, drones y cilindros con explosivos. Dos disidentes fueron condenados por masacres en la zona.
La respuesta gubernamental ha sido reactiva y limitada. El gobierno de Gustavo Petro decretó conmoción interior para garantizar suministro de alimentos, facilitar expropiaciones de tierras para el retorno de desplazados y designar un comandante militar específico. Sin embargo, de los 2,78 billones de pesos asignados al Catatumbo entre enero y octubre de 2025, solo se ejecutó el 50%. Las negociaciones de Paz Total colapsaron: Petro suspendió diálogos con el ELN por crímenes de guerra en enero, manteniendo canales abiertos con disidencias del EMBD, pero sin avances sustanciales. Intentos como la Zona de Ubicación Temporal en Tibú para 500 combatientes del Frente 33 fracasaron por fracturas internas en las disidencias.
El factor internacional agrava la crisis. La frontera porosa con Venezuela actúa como santuario: 11.000 desplazados huyeron hacia ese país. Ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se reunieron el 24 de enero en San Cristóbal para coordinar contra el ELN, con Petro confirmando operaciones conjuntas con la FANB. Nicolás Maduro propuso una zona económica binacional en febrero y reportó la destrucción de 27 campamentos ilegales. Inteligencia militar detecta planes del ELN para ataques con drones explosivos contra tropas colombianas, mientras divisiones internas en el ELN, como el bloque Los Comuneros del Sur, ignoran al Comando Central.
Esta dinámica revela un patrón: el abandono estatal crea vacuidades que grupos narcoarmados explotan, generando ciclos de violencia que ningún decreto o diálogo ha roto. Los datos confirman que sin presencia institucional robusta, el Catatumbo seguirá siendo tierra de nadie.
