El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó este martes la decisión del Gobierno nacional de solicitar a la embajadora de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, en apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y al derecho internacional vigente.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería señaló que la determinación responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, considerados pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas.
“El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, señala parte del pronunciamiento.
El Gobierno boliviano también reafirmó que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano y mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, evitando cualquier tipo de interferencia externa que pueda profundizar la polarización o afectar la estabilidad institucional.
La Cancillería aclaró además que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia y ratificó la voluntad del Estado boliviano de mantener abiertos los canales diplomáticos e institucionales entre ambas naciones, en el marco del respeto recíproco y del derecho internacional.
“El Estado Plurinacional de Bolivia continuará actuando con responsabilidad, prudencia y firme compromiso con la defensa de su soberanía, de la convivencia democrática y del respeto mutuo entre naciones”, concluye el comunicado oficial emitido desde La Paz.
La decisión del Gobierno boliviano se produce luego de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que Bolivia vive una “insurrección popular” producto de una supuesta “soberbia política” y expresó incluso su disposición a mediar en el conflicto si era invitado. Las afirmaciones generaron rechazo en distintos sectores políticos y diplomáticos del país, que calificaron las palabras del mandatario colombiano como una injerencia en asuntos internos y cuestionaron que se pretenda legitimar movilizaciones y hechos de violencia que derivaron en enfrentamientos, bloqueos y ataques a instituciones públicas en Bolivia.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
