El autor es Licenciado en Economía por la UMSA. Doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina). Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
La productividad y competitividad de la economía boliviana constituye uno de los principales desafíos estructurales del país. Entre sus causas más relevantes se encuentran la escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D), la insuficiente capacitación del capital humano, la elevada informalidad laboral y la persistencia de marcos regulatorios e institucionales poco eficientes. Superar estas limitaciones exige generar un entorno estable que promueva la inversión privada, la innovación y el crecimiento sostenible, lo cual requiere esfuerzos coordinados entre el sector público y el sector privado, con énfasis en digitalización, economía 4.0, educación y formalización económica.
Actualmente, más del 85 % de los trabajadores bolivianos se desempeña en la informalidad, situación que limita seriamente la incorporación de tecnología, la capacitación laboral y, en consecuencia, el aumento de la productividad agregada. Esta realidad explica por qué la productividad por trabajador es significativamente menor al promedio latinoamericano, restringiendo la posibilidad de incrementar salarios de manera sostenible y de competir en mercados internacionales. A ello se suma la debilidad del sistema educativo y la limitada formación de habilidades técnicas y digitales, factores que reducen el potencial del capital humano. Asimismo, los vacíos regulatorios y la inseguridad institucional generan desincentivos adicionales para la inversión privada y la formalización empresarial.
Asimismo, resulta imprescindible impulsar políticas públicas que fomenten la innovación, simplifiquen trámites y fortalezcan la seguridad jurídica, de modo que las empresas puedan crecer, invertir y generar empleo formal. Sin estas reformas estructurales, cualquier mejora salarial será frágil y de corto plazo.
En este marco, la digitalización del Estado y del sector productivo puede convertirse en un factor clave para elevar la eficiencia, reducir costos y mejorar la transparencia. La adopción de tecnologías digitales no solo moderniza procesos, sino que también facilita la formalización, amplía mercados y fortalece la competitividad empresarial.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la productividad de Bolivia se encuentra entre las más bajas de la región y es la menor de Sudamérica, brecha que se ha ampliado durante la última década frente a países que han logrado avances significativos en adopción tecnológica y reconversión de sus estructuras productivas. Economías como Perú, Honduras y Guatemala han mejorado su desempeño al orientarse hacia servicios de mayor valor agregado y al promover la innovación y la modernización productiva. En la misma línea, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en que el estancamiento del rendimiento laboral boliviano responde a la falta de innovación, a un clima poco favorable para las inversiones.
Este contexto ayuda a explicar la persistencia de los llamados “trabajadores pobres”. En sectores como la agricultura de subsistencia, la economía informal o las pequeñas empresas de baja productividad, extender la jornada laboral o aumentar el esfuerzo individual no garantiza ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. La teoría económica advierte que los incrementos salariales generalizados no pueden sostenerse si no están respaldados por mayores niveles de producción, ya que pueden generar efectos adversos como desempleo, aumento de los costos de producción, alza de precios para los consumidores y menor inversión.
Desde una perspectiva económica, lo relevante no es cuánto se paga, sino cuánto se paga en relación con lo que se produce. Utilizando el PIB per cápita mensual como aproximación a la productividad media del trabajador, Bolivia registra una productividad estimada de 308 dólares mensuales, muy por debajo del costo laboral mínimo de 565 dólares. Finalmente, promover una cultura de productividad requiere reglas claras, estabilidad macroeconómica y políticas que incentiven la inversión de largo plazo. Sin confianza ni previsibilidad, las empresas reducen su escala y los trabajadores permanecen atrapados en actividades de bajo rendimiento y escaso crecimiento.
Por ello, elevar la productividad y asegurar una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento entre empresarios y trabajadores resulta fundamental para reducir la pobreza, promover la formalidad y construir una economía más competitiva. Gobierno, trabajadores y empresarios deben asumir este reto como una prioridad nacional para el desarrollo sostenible de Bolivia.
POR ROLANDO KEMPFF BACIGALUPO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE LA PAZ (FEPLP)
