El Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó la última apelación presentada por el Estado boliviano en el marco del arbitraje iniciado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ratificando un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que obliga al país a pagar una indemnización aproximada de 105 millones de dólares.
El proceso tiene su origen en 2017, tras la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones, medida que, según el laudo arbitral, vulneró estándares internacionales como el trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias.
En conferencia de prensa conjunta, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Procuraduría General del Estado, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros señalaron que este resultado responde a decisiones adoptadas en anteriores gestiones de gobierno.
“El fallo es consecuencia de decisiones que no respetaron adecuadamente la seguridad jurídica durante el proceso de nacionalización”, afirmó el viceministro de Pensiones, Horacio Valencia.
Por su parte, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó que se implementarán acciones para reducir el impacto económico del fallo y, paralelamente, identificar responsabilidades por la conducción de este y otros procesos de arbitraje internacional.
Entre las medidas anunciadas se encuentran auditorías técnicas a los casos en curso, el análisis de posibles fallas estructurales en la gestión jurídico-administrativa y la revisión de los procesos de transición que derivaron en estas controversias.
El subprocurador Roger Marcelo Longaric indicó que, una vez identificados los responsables, el Estado iniciará las acciones legales correspondientes para recuperar los daños económicos ocasionados.
En tanto, el gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, aseguró que los fondos de pensiones no serán afectados por este fallo, al tratarse de recursos independientes y protegidos por normativa vigente.
Las autoridades reiteraron que el Estado cumplirá sus obligaciones internacionales, al tiempo que continuará defendiendo los intereses del país en instancias legales.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
