En un artículo anterior propuse someter a referéndum temas fundamentales para el país: la ley “anti bloqueos”, la reestructuración de la COB, del sindicato de la Caja Nacional de Salud, del magisterio y de otros sectores que, en teoría, representan intereses colectivos, pero que en la práctica muchas veces terminan defendiendo agendas políticas particulares. La pregunta de fondo es simple: ¿merecen estos grupos seguir ocupando posiciones privilegiadas en nombre del pueblo boliviano?
Diversos actores políticos —unos todavía vigentes y otros ya relegados— se pronunciaron al respecto. La mayoría insistió en las fórmulas habituales: diálogo, unidad nacional, concertación, cumbres y mesas de negociación. Sin embargo, considero que ha llegado el momento de reconocer una realidad incómoda: Bolivia vive secuestrada por grupos minoritarios que condicionan la estabilidad del país mediante la presión y la violencia.
Muchos políticos, preocupados por mantener una imagen “correcta” ante organismos internacionales, ONG y otros actores externos, han optado por la tibieza antes que por la firmeza. Mientras tanto, ciertos sectores han convertido el conflicto en una herramienta permanente de coerción. Utilizan el miedo como mecanismo de presión y no dudan en recurrir a bloqueos, agresiones y convulsión social para imponer sus intereses.
Debemos entender, de una vez por todas, que estos grupos no buscan realmente dialogar. Siempre existirá un nuevo pretexto para mantener el conflicto activo, porque su verdadero objetivo no son las reivindicaciones sociales ni el bienestar del país, sino la preservación y ampliación de su poder político. Además, resulta evidente la coordinación existente entre estos sectores y determinados actores partidarios. La estrategia ya ha sido utilizada antes y conocemos perfectamente sus consecuencias.
Se suele decir que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Bolivia ya ha vivido episodios similares, y también conoce los resultados: polarización, desgaste institucional y deterioro económico. La diferencia es que hoy el país enfrenta esta crisis sin los recursos que en otro tiempo le permitían amortiguar los impactos sociales y económicos.
Sin embargo, existe otra lección histórica que vale la pena recordar. En 1938, Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daladier firmaron el Acuerdo de Múnich con Adolf Hitler, luego de haber cedido previamente los Sudetes, Checoslovaquia y la anexión de Austria. Su intención era evitar una nueva guerra europea. Lo que nunca comprendieron fue que Hitler ya había tomado su decisión: expandirse. Las concesiones no evitaron el conflicto; simplemente lo postergaron.
Algo similar ocurre hoy en Bolivia. Los sectores que impulsan permanentemente la confrontación no buscan acuerdos genuinos; buscan poder, impunidad y control político, independientemente de si representan o no a la mayoría de la población. Por eso, continuar apostando únicamente al diálogo puede convertirse en un ejercicio inútil cuando una de las partes no tiene la menor intención de escuchar.
El diálogo solo funciona cuando existe voluntad de alcanzar soluciones. Cuando el objetivo es imponer condiciones a cualquier costo, ningún acuerdo será suficiente.
Mientras el Gobierno intenta mostrarse moderado para evitar ser acusado de autoritario o represivo, estos grupos aprovechan precisamente esa debilidad. Utilizan instrumentos históricamente empleados como mecanismos de presión política y los convierten en herramientas de chantaje permanente.
La situación seguirá repitiéndose mientras el miedo continúe paralizando las decisiones de fondo. Tarde o temprano, el país deberá decidir si mantiene este ciclo de crisis recurrentes o si adopta medidas firmes para recuperar estabilidad y autoridad institucional.
Séneca le dijo a Nerón:
“Tu poder radica en mi miedo; ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”.
