Asamblea de Nicaragua aprueba reformas que otorgan poder total a Ortega y Murillo
La Asamblea Nacional de Nicaragua cerró este sábado en Managua su período legislativo de 2025, aprobando 35 leyes y 29 decretos durante 134 sesiones plenarias, de las cuales 118 fueron ordinarias, 14 especiales y 2 solemnes.[1] Entre estas aprobaciones destaca una reforma profunda a la Constitución Política, ratificada en segunda y definitiva legislatura en enero pasado, que transforma el Estado en uno revolucionario, elimina el balance de poderes y otorga control total al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, designada copresidenta desde febrero pasado.[1][3]
La reforma modifica 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y deroga 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.[3] Amplía el período presidencial de cinco a seis años, establece la figura de copresidenta, y faculta al Ejecutivo para coordinar los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, que dejan de denominarse poderes.[1][3] La Presidencia, integrada por un copresidente y una copresidenta con mandato de seis años, podrá nombrar vicepresidentes sin elección popular y actúa como Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.[1][3]
Además, legaliza la apatridia al estipular que los nicaragüenses que adquieran otra nacionalidad pierden su condición de nacionales, aprobada en primera legislatura durante este año.[1] Crea fuerzas militares de reserva patriótica y policía voluntaria.[3] La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Loria Raquel Dixon, resaltó que la reforma incorpora elementos de la historia nacional reconociendo gestas de héroes y heroínas, y consolidó la Nicaragua revolucionaria mediante estas leyes y decretos.[1]
De las 35 leyes aprobadas, 12 son de carácter económico, 11 internacionales y 3 de autorización de ingreso y salida de tropas; el Órgano Legislativo emitió además 117 Menciones Especiales.[1] Esta reforma, promovida por Ortega que ha pedido cambios constitucionales en 12 ocasiones desde 2007, incluyendo la reelección indefinida, ha sido criticada por la ONU, la OEA, Estados Unidos y opositores por concentrar el poder y eliminar garantías fundamentales.[3]
