La Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad aprobó una resolución de fuerte impacto político en la que declara a Santa Cruz en estado de emergencia permanente y exige al Gobierno nacional la aplicación de un estado de excepción sectorizado en regiones afectadas por bloqueos, violencia y conflictividad social.
La determinación surge en medio de la creciente crisis institucional, económica y social que enfrenta Bolivia, marcada por movilizaciones, interrupción de rutas, desabastecimiento y enfrentamientos que, según la resolución, amenazan directamente la estabilidad democrática y el Estado de derecho.
El documento establece una postura contundente en defensa del orden constitucional, la democracia y la paz social, responsabilizando a sectores radicalizados y actores políticos de promover acciones desestabilizadoras.
Entre las principales resoluciones asumidas destacan:
- Declaratoria de emergencia permanente para Santa Cruz
- Exigencia de estado de excepción sectorizado en zonas críticas del país
- Aplicación inmediata de la ley por parte del Gobierno, Policía, Ministerio Público y Fuerzas Armadas
- Defensa irrestricta del sistema democrático y constitucional
- Convocatoria a una gran marcha nacional en defensa de la democracia y rechazo a los bloqueos
- Creación de un Consejo Autonómico para profundizar autonomías y reconfigurar la relación con el Estado central
La Asamblea sostuvo que el actual escenario de violencia, bloqueos y presión corporativa representa una amenaza directa para la legalidad y la gobernabilidad, por lo que considera imprescindible adoptar medidas firmes para restablecer el orden.
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es la solicitud expresa de implementar medidas excepcionales focalizadas en regiones conflictivas, bajo el argumento de garantizar libre circulación, abastecimiento, seguridad y preservación de vidas humanas.
Asimismo, la resolución convoca a todos los sectores democráticos del país a sumarse a una movilización nacional programada para el próximo 21 de mayo, con el objetivo de defender la institucionalidad y rechazar cualquier intento de ruptura constitucional.
Con esta postura, Santa Cruz refuerza su rol como actor político clave dentro del actual escenario boliviano, frente a la escalada del conflicto nacional.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
